La Asamblea Nacional rechazó la injerencia en la que habría incurrido el Gobierno de Rusia con un comunicado publicado el pasado 20 de enero en el que acusaron a la Cámara de estar «allanando el camino hacia la desobediencia civil». Para la mayoría parlamentaria, se trata de una postura impulsada por el Ejecutivo venezolano que busca exponer al país como una ficha de negociación entre los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin.
La nota oficial, emitida por la Cancillería rusa, señala que la situación en Venezuela «se pone cada vez más candente», en vista de que el «ala radical del campo antigubernamental, que se puso al timón del parlamento nacional, ha arreciado la retórica agresiva y está allanando el camino hacia la desobediencia civil».
El primer vicepresidente del Legislativo, el opositor Freddy Guevara, dijo que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, es el principal promotor de ese comunicado. Durante la sesión que se llevó a cabo en un polideportivo en Petare en el municipio Sucre en Caracas, aseguró que el mandatario pretende resolver el problema de Venezuela con una confrontación entre Estados Unidos y Rusia.
«Maduro pretende convertir a Venezuela en una ficha de negociación entre Donald Trump y Vladimir Putin, una reedición de la guerra fría», dijo el legislador en alusión a los primeros mandatarios de EE.UU. y Rusia, respectivamente.
El diputado opositor Eudoro González consideró la postura de Rusia como expresamente injerencista, y remarcó que la agenda del Parlamento nunca ha sido la de generar caos o violencia.
La Federación de Rusia habla de diálogo pero fue el Gobierno el que puso la «piedra de tranca: no liberó presos políticos, no abrió canal humanitario y no permitieron elecciones», sostuvo.
La bancada oficialista no asistió a este debate que realizó el Legislativo, como a muchos otros, alegando que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado en desacato a la Cámara y con ello la nulidad de todos sus actos, por el incumplimiento de varias sentencias.
Los diputados aprobaron también un proyecto preliminar de ley para entregar títulos de propiedad a quienes construyeron sus viviendas con recursos propios en las barriadas y solicitaron a la Fiscalía investigar a los funcionarios que encarcelaron al diputado opositor Gilber Caro, a quien el Gobierno acusó de planes terroristas.
