El COVID-19 es una amenaza que se intensifica en las cárceles de Venezuela. Para la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Adriana Pichardo, el riesgo de que los presos políticos puedan morir a causa de esta enfermedad es una realidad que no se puede ocultar. “¡Urge una medida humanitaria ya!”, dijo.
El Observatorio de Derechos Humanos de la AN le ha hecho seguimiento a la situación de los detenidos por razones políticas y determinó la existencia de un brote de COVID-19 en los recintos penitenciarios del país, informó Pichardo este viernes 28 de agosto durante un foro virtual de la Subcomisión de Promoción Ciudadana de la Comisión Especial de Justicia y Paz.
En el encuentro que tuvo lugar a través de la plataforma digital Zoom, además de Pichardo participaron los diputados Delsa Solórzano, Yajaira Forero, Freddy Valera, Héctor Cordero y Luis Emilio Rondón, así como también el comisionado del gobierno interino para los DDHH, Humberto Prado.
La conclusión central del foro apuntó hacia la importancia de que se otorguen medidas humanitarias para los presos políticos y la continuación de la lucha por una justicia transicional que permita poner fin a la impunidad en el país.
“En Venezuela no solo existen presos políticos, también existen ciudadanos que son desaparecidos forzosamente. Vivimos en una dictadura cruel y sangrienta que se aferra al poder con una violación constante a los derechos humanos”, señaló Solórzano, quien preside la Comisión Especial de Justicia y Paz del Parlamento.
El parlamentario Rondón resaltó la importancia de seguir impulsando espacios donde se debata y trabaje por el proceso de justicia transicional “para devolverle a nuestros ciudadanos su libertad y que exista un verdadero respeto a los derechos humanos”.
Cárceles sin DDHH
La diputada Yajaira Forero no duda al afirmar que en el país hay cárceles que propician la violación sistemática de los derechos humanos y el pranato. “La situación de los presos políticos y no políticos es deplorable”, consideró.
“Se debe seguir denunciando ante el mundo la situación deplorable de nuestras cárceles, seguir siendo la voz de aquellos que hoy se encuentran secuestrados por el régimen”, expuso Cordero. Por su parte, Valera sentenció que solo con un cambio político se podrá garantizar que las cárceles u organismos policiales dejen de ser ejecutores de violaciones de DDHH.
El comisionado Prado sostuvo que no solo buscan una liberación inmediata de los presos políticos, sino también la implementación de un plan para restaurar el sistema penitenciario y judicial, para devolverle al país sus derechos.
