Perder a un ser querido siempre es difícil. Nadie está preparado para ese momento. Los familiares de quienes han muerto en Venezuela en el contexto de manifestaciones de calle, lo saben.
Ellos han enfrentado una serie de emociones complicadas de manejar. Son 330 los hogares enlutados desde 2014 hasta 2020 porque jóvenes, en su mayoría, decidieron salir a las calles a pedir libertad y democracia.
Geraldín Moreno, hija de Rosa Orozco, fue una de ellas. Y desde que murió tras la arremetida de funcionarios de la Guardia Nacional, en febrero de 2014, su madre no ha descansado. Ella lucha a diario, no solo por el caso de su hija, sino por el de todos los fallecidos en protestas.
Fue así como creó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). Porque ella sabe lo difícil que es conseguir que la legalidad impere en cada uno de estos procesos que se convirtieron en casos políticos.
“El 97 % de impunidad sigue prevaleciendo. Nosotros solo queremos justicia, reparación y verdad”. Hasta ahora, el balance de JEP, da cuenta de dos apelaciones, 20 audiencias preliminares, 23 en espera, 13 en fase de juicio, 254 en proceso de investigación, tres sobreseimientos y solo 13 procesados.
Además, solo 3,9 % de los casos tienen a personas condenadas. “El estado no quiere asumir sus responsabilidades ni dar a conocer que ellos cometieron el error al levantar las armas a esos muchachos que solo pedían libertad y democracia en nuestro país”.
Apoyo en medio de la tempestad
Ante tal panorama tan negativo, JEP hace todo lo posible para que las víctimas sigan adelante, no solo con sus vidas, sino tras la justicia.
Cuentan con Psicólogos sin Fronteras como aliados para dar apoyo gratuito en ese sentido a os familiares de los asesinados. “Durante la cuarentena eso no ha parado y se ha hecho de forma online”.
Y aunque no cuentan con un equipo judicial, tratan de coordinar la asesoría legal con grupos de abogados de todo el país para evitar que se cansen y dejen los casos paralizados.
“Hemos dado talleres y foros tratando que la víctima se incorpore a la defensa de los derechos humanos de nuestro país, que aprendan cómo deben documentar, estar asistidas, y cómo deben manejar sus vida para seguir adelante en un juicio”.
Hasta ahora, JEP ha logrado tener contacto directo con familiares de 90% de quienes murieron en protestas entre 2014 y 2020. “Es importante mantener las denuncias porque las víctimas necesitan ser oídas, que Venezuela sepa qué ha pasado, cómo se llamaban los muchachos muertos en este ataque sistemático que ocurrió en todo el país”.
Neils Alexander Quéliz es el padre de Daniel Queliz, un joven que estudiaba tercer año de derecho cuando fue asesinado el 10 de abril de 2017. Él entiende la importancia de seguir luchando sin renunciar.
“Tenemos que visibilizar dónde están los casos, en qué estatus se encuentran, qué estamos haciendo nosotros por la justicia. Hay casos en los que no hay ni imputados y debemos seguir documentando todo para exponerlo internacionalmente”.
Apoyo integral
Además de esa labor que realiza JEP, se creó un diplomado de formación general en derechos humanos que consta de 8 módulos, de la teoría a la acción, con nociones básicas y generales y el próximo inicia en abril.
Pero eso no es todo. Cuentan con los comités de Lara, Táchira, Carabobo, Caracas y Zulia donde comenzarán una campaña de ciudadanía, con el objetivo de rescatar la democracia en el país con la práctica de valores.
