El Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, integrado por campesinos que se oponen al proyecto de construir un canal interoceánico en Nicaragua, anunció hoy que denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación a sus derechos ciudadanos.
«Hoy queremos decir que el Estado de Nicaragua nos ha obligado acudir a las instancias internacionales porque nos ha negado la justicia», dijo la líder del movimiento anticanal en Nicaragua, la campesina Francisca Ramírez, en rueda de prensa.
Ramírez, quien coordina un movimiento integrado por miles de campesinos que se verían afectados por la ruta del canal, hizo responsable al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por las violaciones a sus derechos y también por algún otro daño que les pueda ocurrir.
El asesor legal del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y promotor de la denuncia, Gonzalo Carrión, explicó que antes de interponer la delación ante la CIDH agotaron todos los mecanismos de defensa legal y constitucional de los derechos humanos a lo interno del país.
Luego de haber introducido al menos 12 recursos nacionales por amenazas y violaciones, sin obtener justicia por parte del Estado nicaragüense, se procederá a denunciar ante la CIDH, solicitando que se respete el derecho a la integridad y libertad personal, además de brindar garantías judiciales, indicó Carrión.
Asimismo, en ese documento, pedirán respeto al derecho a la reunión, a la propiedad privada, el derecho de libre circulación, el derecho político a participar en actividades públicas, igualdad ante la Ley, proteccionismo judicial y el derecho a la justicia, de acuerdo con el activista de derechos humanos.
«El sistema judicial de Nicaragua le ha fallado al pueblo y al movimiento campesino (…) la Presidencia (de la República) ha traicionado el pueblo y le ha fallado al movimiento campesino», dijo, por su lado, la asesora jurídica del consejo, la ambientalista Mónica López Baltodano.
Tras concluir la actividad, los representantes del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía firmaron la denuncia que será presentada ante la CIDH en los próximos días.
Además, anunciaron que realizarán en la primera quincena de agosto próximo la marcha número 91 contra el proyecto canalero.
El Gobierno del presidente Ortega otorgó a la firma china HKND Group la concesión para el canal por un período de 50 años prorrogables por otros 50.
Según el diseño más reciente, el proyecto consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, que estaban previstas a iniciar en el primer semestre de 2017, tras sucesivos atrasos por diversos motivos.
El costo del proyecto está calculado en 50.000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group.
Nicaragua espera que su construcción abra 50.000 plazas de empleo y duplique el producto interno bruto (PIB) nacional.
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