(Cortesía)

Tres años tiene esperanzo el ciudadano José Benjamin Gallardo, que se cumpla una sentencia del TSJ, mediante la cual intenta que se le puedan resarcir sus derechos, violentados, supuestamente por la alcaldía de Valencia, bajo la administración de Edgardo Parra.

En visita a El Carabobeño, Gallardo señaló que en junio de 2010, la vivienda donde habitaba con su familia fue demolido , para construir la ampliación de la avenida Rojas Queipo, sin que existiera una orden judicial.

A su entender, ese acto arbitrario se realizó producto de una supuesta estrecha alianza que realizó la alcaldía con la compañía sucesora Pérez Aikman, quien se atribuya la propiedad del terreno, pese a ser del Estado, según Gallardo. Como él se opuso a que se derribara la vivienda, fue detenido y en la PMV lo grabaron presunta droga y lotes de mercancía recuperados en hurtos, para presionar a su familia de manera que ésta le diera el visto bueno a la autorización de desalojo y expropiación.

Supuestamente le dijeron a su familia que si no firmaba, él sería trasladado a la cárcel de Tocuyito, pero afortunadamente no lo hizo.

Según relató, una vez que obtuvo su libertad se propuso hacer justicia a través de las instituciones del Estado venezolano a su alcance. Por eso acudió al TSJ y en el año 2015, la Sala Político Administrativa declaró con lugar un recurso de apelación que interpuso, contra la sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario, de la Circunscripción judicial de Carabobo, que declaró homologada la transacción suscrita entre el municipio Valencia y la Sociedad Mercantil Pérez Aikman y Compañía Sucesora.

En consecuencia ordenó al referido tribunal la continuación de la causa y convocar a las partes involucradas en el proceso, con la finalidad de salvaguardar los derechos de todas estas y arribar a una solución justa para todos.

Lo cierto es que ya ha pasado tres años, y no se ha logrado nada, porque el tribunal convoca al representante de la compañía sucesora se niega a recibir las convocatorias, para retrasar el proceso.

Gallardo cuestiona además el hecho, de que siendo el ex alcalde Edgardo Parra quien ordenó el desalojo y posterior demolición de su vivienda, así como su detención, esté libre.

“No es posible que Parra esté libre mientas cientos de reos, acusados de delitos menores de los que se le imputaron a él, sigan presos en Tocuyito”.




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