Debate de la Ley de Armonización Tributaria en Valencia

El pasado 10 de agosto se dio a conocer la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria de Estados y Municipios en Venezuela, un nuevo instrumento publicado en Gaceta Oficial que ha generado una gran expectativa en el sector económico del país y del cual se realizó este sábado un debate con profesionales del área en la ciudad de Valencia.

La nueva Ley de Armonización Tributaria se presentó como un hito de transformación fiscal con una importancia que trasciende las fronteras nacionales, y se posiciona como un punto de encuentro entre la legislación y la economía empresarial.

Con este instrumento se busca unificar criterios, simplificar procesos y potenciar la competitividad en el ámbito tributario.

No hay tributación si no hay representación

Leonardo Palacios, abogado especializado en Derecho Tributario, explicó que para lograr una transición exitosa de la nueva Ley se debe tener presente el principio “No hay tributación si no hay representación”, es decir, que todo estado democrático debe permitir a sus representantes involucrarse en el proceso.

En segundo lugar, Palacios señaló que los representantes de cada sector deben estudiar los principios que se encuentran en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), en el Código Orgánico Tributario (COT), la Ley de Infogobierno (LINFOGOB), la Ley de Simplicación de Trámites Administrativos (LSTA), la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y la Ley para el Fomento y Desarrollo delos Nuevos Emprendimientos (LFDE).

El abogado también recomendó revisar la autoridad que tendrá el poder nacional sobre:

  1. Dictar los actos necesarios para implementar la Ley.
  2. Convocar al Consejo Superior de Armonización Tributaria.
  3. Evaluar el impacto de los tributos estatales y municipales en la economía nacional.
  4. Coadyuvar en la lucha contra la evasión, elusión y fraude fiscal en estados y municipios.

Sobre esta situación, el abogado Nixon García expresó que se debe observar minuciosamente esta intromisión del poder central en la autonomía municipal, porque existen diferencias contributivas notables en cada municipio del país y por eso no se debe establecer una uniformidad nacional.

Entre otras de las preocupaciones que surgen con la Ley de Armonización Tributaria destaca  que no se hace mención  sobre el impuesto para los espectáculos públicos, la publicidad comercial o para los juegos y apuestas lícitas.

El abogado Gustavo Correa agregó que efectivamente el instrumento pose algunas imprecisiones que se deben aclarar. “Tiene algunas deficiencias que hay que observar para buscar la manera de hacer una reforma donde se aclaren tales situaciones”.

Déficit fiscal

Leonardo Palacios indicó que el déficit fiscal se corrige con la generación de la actividad económica. “Estableciendo normas claras, donde exista la participación del sector empresarial, académico y gremial en general”.

“Si tienes una ley discutida y abiertamente intercambiada en su disposiciones, mucho más efectiva y rápida será su ejecución”.

Finalmente Palacios consideró que es una obligación del municipio, el estado y el poder nacional, establecer mecanismos de recaudación que faciliten al comerciante informal, que a veces genera más ingresos que el comerciante formal, incorporarse a un proceso de formalización paulatinamente.

En el debate realizado en las instalaciones de Cine Arte Patio Trigal también estuvieron presentes el abogado Joffre Chacón y la economista Ana Isabel Belmonte, en el marco del Simposio de Coordinación Tributaria 2023.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.