Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (Foto referencial)

Los efectos invisibles de la violencia urbana que sacude Latinoamérica son extremadamente preocupantes, afirmó en una entrevista con EFE el director regional de Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Stephan Sakalian.

“Tenemos en América Latina, más que en cualquier otra región del mundo, índices de violencia extrema altos, incluso de violencia armada”, aseguró Sakalian durante la entrevista realizada en Sao Paulo con motivo del Foro Económico Mundial para Latinoamérica.

El director del CICR para las Américas citó que en la región habita el 8 % de la población mundial, pero registra el 38 % de los homicidios del planeta.

“Ese impacto de la violencia, de las muertes violentas, es muy fuerte para varios países del continente”, puntualizó.

De acuerdo con un informe del Foro Económico Mundial, los cinco países que registraron las tasas de homicidio más altas a nivel internacional en 2017 fueron El Salvador, Honduras, Jamaica, San Cristóbal y Venezuela.

Por otro lado, 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encontraban en 2016 en la región latinoamericana, de acuerdo con el reporte, que situó a México y Brasil, como otros dos de los países más afectados por ese drama.

“Es muy importante destacar que donde la violencia es muy fuerte puede tener consecuencias humanitarias parecidas a lo que se ve en zonas de conflictos armado. Las consecuencias pueden ser extremadamente parecidas”, puntualizó Sakalian.

El representante del CICR afirmó estar extremadamente preocupado con las consecuencias humanitarias invisibles de esta violencia urbana, que va más allá de las estadísticas de homicidios y encarcelamientos.

“Hay impacto de esa violencia sobre la rutina de una escuela y sobre la posibilidad de un municipio para ofrecer servicios de salud en territorios controlados por varios tipos de grupos armados o facciones”, aseveró Sakalian, al tiempo instó a medir también esos indicadores para tener un concepto más completo del problema.

“No se puede dejar de lado ese tipo de violencia. Necesita la respuesta de los estados, de la sociedad civil, de las organizaciones, que también pueden ofrecer algo”, agregó.

Denunció que en la actualidad muchos países no están contabilizando, ni están observando o reconociendo las personas desplazadas en sus propios territorios.

En el caso de Venezuela, donde en los últimos meses se ha dado un alto flujo migratorio hacia Colombia y Brasil de personas que huían de la crisis social, política y económica que atraviesa ese país, Sakalian dijo que CICR está extremadamente atenta al desarrollo de la situación y que mantienen un diálogo regular con varias instancias.

Aunque la región vive en paz, recordó que en Colombia hay varios conflictos armados que continúan, a pesar de la firma del acuerdo de paz con la ya extinta guerrilla de las FARC, reconvertida hoy en partido político.

“Tenemos preocupaciones humanitarias hasta hoy. Por ejemplo, la población del (departamento del) Chocó, en el noroeste del país, continúa siendo afectada por la violencia del conflicto de la misma manera”, expresó.

También instó a las autoridades colombianas a que sean rápidas en ocupar los territorios abandonados por las FARC, no solamente con fuerza militar o policial, sino también ofreciendo los servicios públicos básicos a estas poblaciones afectadas por décadas de guerra.

Otro de los problemas a ser tratado en la región son las condiciones de los detenidos y el tratamiento de los reclusos en una región donde la población carcelaria es muy alta y ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

“Una gran parte de las personas que están detenidas están esperando un juicio y pueden esperar varios años dentro de una cárcel sin que sea atendido el caso”, denunció Sakalian, quien recomendó explorar penas alternativas para los pequeños delitos.

Preguntado sobre si la corrupción es un tipo de violencia, comentó que las instituciones están considerando sus efectos negativos sobre la sociedad y e incluso en cuestiones de violencia.

Aunque admitió que la corrupción no facilita la reducción y la mitigación de la violencia.




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