Mariana Duque/Diario de los Andes
Una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado Táchira en contra del alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, y cinco funcionarios de dicha institución, se realizó por los dueños de dos locales comerciales que fueron derrumbados sin orden legal en el Hospital Central de San Cristóbal, a la par de los representantes de la Fundación El Amparo, Walter Márquez y Ana Hernández.
Márquez, acompañado de los comerciantes Pablo Novoa y Oscar Escalante, además de los abogados, Omar Sayago, Reinaldo Pedroza y Ana Hernández, manifestó que en la demolición de 350 metros de los restaurantes ubicados en el Hospital Central, participaron en el hecho como autores intelectuales el director General de la alcaldía, Juan Rodolfo Martínez; el Síndico Procurador municipal, Mario Izarra y su asistente José Corso, además de los funcionarios policiales César Gil, de la Policía Municipal, y Arturo Perdomo, de la Policía Nacional, adscrito a la Policía Municipal de San Cristóbal, quienes fueron denunciados como cadena de mando actuante.
Precisó que fueron acusados de lesionar el derecho al trabajo y al ejercicio económico consagrados en los artículos 87 y 112 constitucional, violación de domicilio, abuso de funciones, agavillamiento, hurto, daños a la propiedad, delitos establecidos en los artículos 184, 203, 286, 451 y 473 del Código Penal venezolano.
«En estos hechos graves, de acuerdo a los artículos 25 y 55 de la Carta Magna, los funcionarios policiales presentes estaban obligados además por mandato legal del estatuto de la Policía Nacional a proteger los bienes de las personas frente al atropello, de las autoridades municipales, lo cual fue permitido y autorizado por los funcionarios policiales César Gil y Arturo Perdomo”, acotó.
Walter Márquez destacó que estos hechos han sido reiterativos por parte de la Alcaldía de San Cristóbal, quienes actúan sin razones ni fundamentos jurídicos. En el caso del Hospital “es una especie de venganza de Juan Rodolfo Martínez, director General de la alcaldía, quien pretendía quedarse con parte de esos locales, y ante la negativa de los propietarios de un acuerdo ilegal ordenó abrirles procedimientos arbitrarios los cuales llegaron hasta la demolición, cuando en primer lugar su construcción fue hecha de manera legal en el año 2004, y en segundo lugar estaba prescritas las acciones administrativas y judiciales”.
Resaltó que ya están preparando acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la propia Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
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