Las aguas andan movidas en la Venezuela de este fin de año. Hay una serie de eventos ocurriendo en paralelo que dan una sensación de caos, aunque mirando de cerca y con la debida perspectiva se puedan identificar ciertos patrones y algunas de las intenciones que hay detrás de cada jugada. Echando atrás el almanaque, la designación de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) en noviembre de 2022 fue un hito que despertó expectativas en el campo opository encendió alarmas en la acera de enfrente. Cuando en febrero de 2023 la CNP fijó la fecha de las elecciones primarias para el 22 de octubre siguiente comenzó una carrera de la que salieron voces optimistas, neutras y agoreras con opiniones tan diversas como que el régimen le iba a poner un parao al proceso y nadie iría a votar, junto a los que decían que las primarias serían un día de campo.No fue ni una cosa ni la otra (el sabotaje del régimen y sus alacranes siempre estuvo proyectando una sombra perversa), pero al final la tarea se hizo y más de 2,4 millones de paisanos salieron a ejercer su voto, con el agregado de que el 92% seleccionó a María Corina Machado para que fuese la candidata de la Plataforma Democrática –de la oposición, en realidad- en las presidenciales de 2024.

Mientras corrían los últimos días antes de las primarias, el 7 de octubre pasado, se firmó en la caribeña isla de Barbados un documento entre representantes de la oposición, bajo el paraguas de una agrupación llamada Plataforma Unitaria, y el régimen venezolano, en el cual se acordaron condiciones para unas elecciones presidenciales que tendrán lugar en el segundo semestre de 2024: transparentes, con observación internacional y sin candidatos inhabilitados (siempre que los candidatos cumplan con los requisitos y las leyes venezolanas, no faltaba más). Como agregado, se ofreció la liberación progresiva de los presos políticos, el respaldo de la oposición al reclamo del territorio Esequibo y, sin mucha mención pero de facto, se aseguró la celebración de las primarias. A cambio, el régimen consiguió concesiones de parte del gobierno de Estados Unidos en la forma del levantamiento parcial de algunas sanciones.

Hasta ahí se puede asumir un cierto orden y una lógica y hasta se podría trazar un mapa que nos señale el camino desde hoy hasta la entrega de la banda presidencial a un nuevo mandatario electo. Pero la realidad en Venezuela no da para mucho orden. Una semana despuésdel 22 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió dejar “sin efecto” los resultados de las primarias mientras los altos funcionarios del régimen acusaban a la CNP de fraude y engaño al soberano y los amenazaban con investigaciones y casi que cárcel. A finales de noviembre, y ante la presión del gobierno de EEUU por cantar resultados, representantes de la embajada del reino de Noruega en México difundieron un documento en el que se establecía un mecanismo para levantar las inhabilitaciones. Un mecanismo según el cual el inhabilitado tiene que presentarse ante el TSJ a pedir cacao mientras que el máximo tribunal cuenta con todas las aristas, vértices y ángulos (incluyendo el me da la gana) para negar la petición. Algunas de las condiciones parecen de chiste, tanto que uno se pregunta si los noruegos de verdad revisaron el texto o si es solo una evidenciamás de que en Escandinavia no bailan salsa. En todo caso, el acuerdo de Barbados, a esas alturas, ya estaba haciendo agua por todas partes.

El acontecimiento que se sumó a los varios eventos en curso, y que tomó por sorpresa a buena parte del país (sobre todo por la abierta complacencia pasada del chavismo con Guyana), fue el rasgado de vestiduras del régimen por el reclamo del territorio Esequibo y la celebración nariceada de un referéndum que resultó en un rotundo fracaso a la vez que en un embuste faraónico: mientras un estimado de buen cubero diría que fueron a votar entre 1 y 2 millones de personas, en función de las encuestas y lo que se vio en las calles, el CNE se largó con la fantasía de que acudieron 10,6 millones de electores, o el 51% del padrón nacional. Pero el show electoral fue solo el comienzo de lo que viene. Ya se nombraron autoridades para el Esequibo, se movieron destacamentos militares cerca de la frontera y se ha volcado el aparato de comunicaciones del chavismo para que no se hable de otra cosa.

Para coronar los discursos patrióticos y las amenazas, lo más reciente que se le ocurrió al régimen fue dictar órdenes de captura a 14 personas, entre las cuales figura Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges y 4 miembros del Estado Mayor de la campaña de María Corina Machado, incluyendo al ya detenido presidente de la ONG Súmate. Las acusaciones son del tipo“traición a la patria, conspiración contra el referéndum consultivo, legitimación de capitales y asociación para delinquir por tener vínculos con ExxonMobil”.

¿Hasta dónde nos lleva todo esto?En principio, a que el régimen consiguió un nuevo comodín para declarar excepciones, meter gente a la cárcel, inhabilitar ciudadanos, suspender elecciones o lo que se le antoje. Un estado de alarma es el mejor escenario para cometer arbitrariedades, y el reclamo del Esequibo es la excusa apropiada para vivir en emergencia. Por allá rodaron el acuerdo de Barbados y las promesas de abrir el juego. Lo que viene ya se verá, pero no va a ser joropo.

Esta columna se despide hasta el domingo 7 de enero del próximo año. Deseo a todos una feliz Navidad y un próspero 2024.

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