Carlos Rondón Haaz

Si algo refleja patéticamente la tragedia social venezolana es la dramática experiencia que viven los llamados “trabajadores informales”.  Estimados en unos 3.5 millones de individuos que incluyen hombres, mujeres y jóvenes en edad “activa” para desempeñar un oficio, la malhadada pandemia, la disrupción tecnológica y la contracción económica se han confabulado para llevarlos a engrosar las filas de desempleados que ahora alcanzan al 44% de la población en capacidad de desempeñarse laboralmente.

La magnitud del impacto de este drama se percibe, con inédita facilidad, al observar la sórdida inoperancia de las instituciones del Estado que suponen su accionar para garantizar protección social a los sectores más necesitados de la población, en concomitancia con la pérdida del 80% de los ingresos que generaban antes de las restricciones sanitarias obstaculizantes de su trabajo. Ante esta realidad, ¿qué soluciones podrían ayudar a aliviar esta lamentable situación en que se encuentran los trabajadores informales?

La respuesta inmediata pareciera inducirnos a esperar la gestión del Estado en torno a estas soluciones, en virtud de las expectativas creadas por sus propios organismos y los marcos legales. Sin embargo, las evidencias nos permiten concluir desde ya, que ni siquiera es posible esperar la iniciativa del Estado, a pesar de que, como decía Teodoro Petkoff, “la concepción que conduce a la mayor equidad y justicia social es aquella que hace del Estado el agente fundamental de la seguridad social”.

Es oportuno recalcar que este apotegma del político de marras lo vertió en el prólogo del libro Misión Imposible, cuyo autor fue Aurelio Concheso, meritorio profesional dirigente del sector empresarial, con ocasión del acuerdo que el tripartismo concretó para la implementación de la Reforma de la Ley del Trabajo de 1997 y de la Ley Marco de Seguridad Social. Fue este un esfuerzo enjundioso que pretendió superar las indefiniciones pertinentes de aquel entonces y que fue congelado por la administración entrante (el gobierno de Chávez) con la falsa promesa de que un producto mejor—todavía esperado—sería consignado antela instancia legislativa competente.  ¿Qué hacer, entonces, ante esta manifiesta incapacidad de los organismos oficiales aún a cargo?

Sin duda alguna, las posibles soluciones a la problemática de los trabajadores por cuenta propia (o informales) tienen que provenir de una multilateralidad de intenciones conscientes de la seriedad que requiere su abordaje exitoso. La suma de esas intenciones debe canalizarse a través del desarrollo de un programa de “responsabilidad social” donde participen la máxima organización gremial empresarial, la representación federativa sindical y el sector universitario, adicionando el involucramiento de miembros del gobierno nacional. El sector oficial tendrá prioridad en el aseguramiento de la participación cooperante o de soporte de uno o varios organismos internacionales y la garantía por parte del gobierno de la infraestructura queservirá de base a la red tecnológica de apoyo, lo cual es imperativo para la concreción del proyecto.

El objetivo fundamental que está detrás de este programa de responsabilidad social es la potenciación laboral del recurso humano implícita en cada individuo identificado como trabajador informal. Si bien se esperaría que cada uno de ellos se desempeñe con la mayor eficiencia en su correspondiente sector, no se descarta que estos trabajadores tengan movilidad laboral hacia el desempeño por cuenta ajena a futuro.

Con este objetivo en ciernes, la plenitud del esfuerzo estaría dirigido a desarrollar en ellos competencias y habilidades digitales, laborales, organizacionales, gerenciales, axiológicas y psicosociales con el fin de capacitarlos para su eficiente desempeño en las tareas adosadas a cada uno de sus emprendimientos.

Es obligante resaltar que el concebido alcance deberá responder al perfil de salida de estos trabajadores, el cual pondrá énfasis en los dominios siguientes: aprender a aprender, valores, habilidades digitales, orientación a resultados, capacidad de adaptación, apertura a los cambios, robótica, el internet de las cosas, inteligencia artificial, creatividad e innovación, colaboración y trabajo en equipo, gestión del tiempo, computación en la nube, inteligencia emocional, análisis de problemas y razonamiento analítico.

Sin pretender ofrecer una lista exhaustiva de dominios, se espera de parte de los expertos en esta área una concepción comprehensiva, flexible, que motive al aprendizaje permanente y que concilie intereses trascendentales alrededor de la incorporación airosa de los trabajadores informales a su mundo de brega y del indiscutible impacto económico y social que tendrá un logro de esta naturaleza y magnitud.

Ese producto final de este proyecto tendrá la suficiente“osatura”  para que autogestionen su propio desarrollo en torno a los retos tecnológicos y actualizantes que les plantearán, desde muy temprano, los próximos quinquenios.

Cabe destacar algunos condicionantes para afianzar el éxito del programa: 1 Su diseño estará a cargo de una misión u organismo especializado internacional y solo será para los trabajadores informales. 2 Se centrará en la búsqueda del desarrollo de competencias concretas, no en el otorgamiento de títulos o grados. 3. Será modular y  estará sujeto a una evaluación que garantizará el avance al módulo siguiente. 4. En su totalidad, obedecerá didácticamente a su administración por vía electrónica. 5. Su cumplimiento, como un todo y para cada módulo, tendrá fechas máximas de completación, lo que demandará de cada trabajador informal la formalidad del caso para así garantizarle su permanencia en el programa. 6. La participación en el mismo no representará ningún costo para el  beneficiario. 7. La administración y supervisión del programa será responsabilidad de la Comisión de alto nivel, constituida por las nominaciones mencionadas de Fedecámaras, CTV, la universitaria y el sector oficial.

Los recursos requeridos serán gestionados por la Comisión responsable, respetando al sector oficial ante la relevancia que le compete para el desempeño de este rol. Estos recursos comprenden, para cada trabajador informal, dotación de equipos y garantía de las conexiones para la accesibilidad necesaria a los módulos de desarrollo.

La posible ayuda que se logre vía losorganismos multilaterales no descarta, sin embargo, la generosa gestión de Fedecámaras ante sus afiliados para coadyuvar con el mencionado propósito. De igual importancia, será determinante para el logro esperado,  la asesoría técnica que preste el sector universitario, la cual evitará cualquier posible desviación de los objetivos originales formulados.

El rol que jugaría la representación sindical no sería menos colaborativa para los propósitos del proyecto. Es relevante la identificación, elaboración, comprobación y constatación de los verdaderos beneficiarios potenciales, sin que ocurran alteraciones desviantes de sus legítimos alcances.

Aunque se espera que la Comisión como un todo valide y se asegure del desarrollo respectivo dentro de los cánones normativos establecidos,la consolidación victoriosa del proyecto de responsabilidad social con los trabajadores informales debe entenderse y exhibirse, ante los medios ocupacionales,como una oportunidad señera e invaluable para que la dirigencia sindical demuestre su vigente acomodo a los nuevos roles que se ajustan a la retadora disrupción tecnológica y a la Venezuela postcovid-19.

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