Un reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia pone en «jaque» el acuerdo de paz con las FARC, dijo este domingo el jefe negociador del gobierno con esa guerrilla, Humberto de la Calle.
«Esta nueva situación (…) pone en jaque lo que trabajamos con tanto cuidado y amor casi cinco años en La Habana», sede de las negociaciones, señaló De la Calle en entrevista con el periódico El Tiempo, sobre la decisión tomada el miércoles por el máximo tribunal que podría complicar la implementación de lo pactado para superar más de medio siglo de conflicto armado.
La Corte Constitucional falló en contra de dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, un mecanismo aprobado en diciembre para agilizar el desarrollo normativo que permitirá aplicar lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
Con su decisión, el tribunal abrió la puerta a la modificación legislativa del acuerdo de paz por el cual los rebeldes depondrán las armas, reconocerán a las víctimas y se convertirán en partido político.
Además, determinó que los proyectos de ley emitidos por el Ejecutivo para implementar el acuerdo no se pueden votar en bloque en el Congreso, lo que en la práctica retrasaría su aplicación.
El jefe negociador, quien fue vicepresidente de Colombia, dijo también que enviar el mensaje de que la Corte va a revisar o a cambiar elementos centrales de lo que se acordó es un engaño frente al compromiso que tiene el Estado colombiano con el acuerdo de paz.
Humberto de la Calle destacó, que a las partes involucradas ahora les corresponde cumplir y hacer cumplir lo pactado, no «volverlo trizas», como asegura se han propuesto sectores de oposición liderados por el partido Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe.
Las FARC también expresaron su preocupación por fallo y el sábado el jefe máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, expresó en una carta abierta a Santos que los rebeldes lamentan «llegar (a) tiempos de incertidumbre» tras la firma del acuerdo.
«El gobierno nacional cumple demasiado lentamente su palabra» y «los otros poderes titubean o actúan de modo sospechoso en relación con lo acordado», se quejó.
