Durante el tercer trimestre de 2020, se duplicó la criminalidad en los seis estados fronterizos de Venezuela, aseguró la ONG, FundaRedes, en su informe Curva de la Violencia.
El documento evidencia unos 362 homicidios, 34 desapariciones/secuestros y 148 enfrentamientos armados; situaciones en las que están involucrados funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, por participación activa o por omisión, se afirmó en el documento.
Javier Tarazona, director general de FundaRedes, indicó que hay un alarmante incremento de casos de feminicidios e infanticidios, pues del total de homicidios documentados, 14 fueron contra mujeres y 13 contra niños y adolescentes.
Zulia, ocupó el primer lugar en cifras en este período de análisis con 143 homicidios, 77 enfrentamientos armados, y 4 desaparecidos. Esto ha sido producto de la disputa por el control de cultivos de droga y narcotráfico entre grupos armados irregulares.
Bolívar, se situó en el segundo lugar, registrando un aumento de 100% en violencia, 113 homicidios, 43 enfrentamientos y 15 desapariciones o secuestros de personas. Catalogada como una zona del país donde los grupos armados irregulares se disputan el control del territorio, por la explotación minera para obtener fuentes de financiamientos y sometimiento de la población.
Falcón, también sufre un aumento en todas las unidades de análisis de la Curva de violencia, con 43 homicidios, 15 enfrentamientos armados y un caso de desaparición o secuestro.
Táchira, que sufre las consecuencias de la migración forzada a través de la frontera, y de la expansión de la presencia de grupos armados irregulares, se registraron 36 homicidios, 10 enfrentamientos armados y 10 desapariciones o secuestros.
Apure, tuvo 26 homicidios, cuatro desaparecidos y tres enfrentamientos armados, mientras que en Amazonas se registró un homicidio. Sin embargo, estas cifras podrían ser más elevadas, debido a que existen dificultades para la documentación de la información, dijo la ONG.
Otra falla reportada por FundaRedes, consiste en una grave censura a los medios de comunicación, con amenazas a periodistas y trabajadores de distintas plataformas informativas que les impiden dar a conocer lo que en estas regiones ocurre, y que a su vez impacta en la labor de los activistas y defensores de derechos humanos, sentenció Tarazona.
