Agentes del régimen cubano comunicaron este martes al padre de la periodista Camila Acosta la modificación de cargos en su contra, que pasan de ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado.
Así lo informó el diario ABC de España. El mismo describe que el día de su detención le informaron, (este lunes), que sería juzgada por «desacato y desorden público».
Lo hicieron cuando fue a visitarla ayer, donde se encuentra retenida desde el lunes, la estación policial de Infanta y Manglar, indica.
Los motivos de la acusación, según los agentes, serían los de «grabar las protestas y que incitó a ellas», relata el padre de la periodista, que recuerda como en anteriores entrevistas con agentes de la seguridad del Estado le advirtieron «que lo que tenía que hacer es llevarme a Camila del país, pero con una condición, que no vuelva más».
Orlando Acosta estaba con la reportera en el momento en el que «tres agentes» la detuvieron. Camila había salido a la calle para acompañar a su padre a hacerse una prueba de PCR, necesaria para regresar este viernes a EE.UU., donde tiene su residencia. Hacía tan solo unas horas que la periodista había enviado su última crónica a este diario sobre las protestas en La Habana.
«He estado dos horas esperando antes de que me atendieran dos instructores», explica Orlando a ABC. «Ahora dicen que la acusan de desacato y desorden público. Que iba a estar 72 horas allí y después la pasarían a la Fiscalía».
Confirma además que no ha podido ver a su hija ni ha tenido ningún contacto desde el lunes por la mañana (tampoco le han permitido llamadas telefónicas), por orden del Ministerio de Salud «que prohíbe las visitas a los calabozos por el COVID».
Según fuentes consultadas por este periódico, la pena por los delitos de los que se ha acusado a Camila podría oscilar «entre los 3 años, como mínimo, y los 6 años, como máximo. Viendo el asunto, una probable sanción sería de 4 años y 6 meses».
En la actualidad la reportera está ‘regulada’ por el régimen –como castigo por hacer declaraciones críticas en su contra en el exterior–, lo que supone la prohibición de salir de la isla.
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