Dos defensoras de Derechos Humanos en Puerto Cabello están tras las rejas. El tribunal segundo de control de la zona, a cargo del juez José Hernández, decretó privativa de libertad por los delitos de homicidio preterintencional en grado de coautoría, agavillamiento, simulación de hecho punible y usurpación de funciones.
Según las fiscalías 9 de Puerto Cabello y 44 nacional, la pastora Raquel de Silva y Marilexis Goyo, directora de DDHH de la Fundación Libertad, Justicia y Orden, estarían implicadas en la muerte de la mamá de de Silva, quien estaba recluida en el área de trauma shok del Hospital Prince Lara, donde solo pueden acceder los familiares autorizados.
El problema, según la defensora de DDHH, Lyli López, es que ninguna de las dos estaba autorizada para acceder a trauma shok, porque la pastora no sabía que su mamá estaba recluida en ese sitio. A la pastora le imputaron los delitos de homicidio preteintencional en grado de coautoría y agavillamiento; y a Goyo, los de simulación de hecho punible y usuarpación de funciones.
A López le preocupa no solo la actuación de la justicia venezolana, sino el trato cruel y degradante que recibieron ambas mujeres. Ellas fueron detenidas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un órgano militar, y además fueron recluidas en un container de la Guardia Nacional en Pequiven. Ahora estarán presas, al menos, 45 días más, mientras se realiza la audiencia
Para la activista, lo que recibieron ambas damas fue un trato inhumano. Es terrible lo que está pasando aquí en Venezuela y en especial en Puerto Cabello, con más razón tenemos que luchar ahora por los derechos humanos porque lo que está pasando aquí es un mal precedente, ellos nos envían un mensaje a los defensores de derechos humanos. Hoy Marilexis está detenida porque su palabra no vale, porque más vale la palabra de la persona que denunció, que además tenía el teléfono directo del fiscal y este de inmediato ordenó la aprehensión con el Dgcim.
Aquí no hay garantías constitucionales. Pidió a cualquiera que haya grabado la supuesta agresión en la que habría incurrido Goyo, que por favor la envíen a los familiares para demostrar que ella no agredió a nadie, que está siendo falsamente imputada.
Detalló López que Marilexys Goyo fue detenida por funcionarios de la Dgcim, bajo la acusación de una presunta agresión que no ocurrió. Cuando la pastora fue hasta la sede del organismo militar a saber qué había pasado con Goyo, también al dejaron detenida. Ahora es acusada como coautora de la muerte de su mamá.
López hizo un llamado al fiscal del gobierno, Tarek William Saab; y a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, a que hagan respetar el derecho a la libertad de ambas mujeres.
El hecho
Goyo habría sido agredida el lunes 7 de agosto a las afueras del Hospital Adolfo Prince Lara por una persona no identificada. La activista intentó colocar la denuncia en la fiscalía, pero no se la recibieron. La derivaron a la policía municipal de la zona, donde tampoco la atendieron.
Luego fue a la sede de la Policía de Carabobo. Los funcionarios, a bordo de una patrulla, la llevaron al centro asistencial supuestamente a identificar a quien la habría agredido, pero en su lugar aparecieron unos funcionarios de la Dgcim, acompañados por el fiscal 9 del Ministerio Público en Puerto Cabello, quienes se la llevaron detenida, según el relato de López.
La pastora fue a la Dgcim a indagar sobre lo que había pasado con Goyo y también la dejaron detenida. «Fue tomada la denuncia de la persona que tenía el teléfono directo del fiscal, pero no la de ella. Estamos en un caso de total injusticia, pero vamos a hacer todo lo necesario para demostratr la inocencia de estas mujeres luchadoras que hoy se encuentran tras las rejas injustamente».
Marilexys Goyo ha hecho varias denuncias sobre el ecocidio presuntamente cometido por el presidente del Consejo Legislativo del estado Carabobo, Alexander Suárez, en zonas de Borburata, cuyos habitantes lo han denunciado en reiteradas oportunidades.
Lyli López comentó que tras la denuncia de ecocidio en Borburata, Goyo recibió amenazas por parte de un ciudadano de apellido Sigala, quien supuestamente trabaja con Suárez.
Dijo que regularmente la Dgcim no se involucra en asuntos relacionados con agresiones de mujeres.
