El exparlamentario, abogado, defensor de DD.HH. y derechos civiles, Rafael Narváez, criticó el caso omiso que el Estado le da a las necesidades del pueblo que aún está inmerso en una crisis devastadora.
Narváez declaró que son incontables las agendas que se han diseñado para encuentros de diálogos, pero aún los ciudadanos siguen estando en una crisis de salud que ha dejado sin vida a incontables víctimas. Insiste en que en la única esperanza de los venezolanos para el cese de las violaciones de sus derechos es la CPI.
Una prueba de ello son los niños que han muerto esperando un transplante de médula ósea o de riñón en el Hospital J.M. de los Ríos, porque el Estado no cumplió el convenio realizado con Italia.
Otro caso que evidencia la crisis sanitaria del país son las vacunas insuficientes para atacar los casos de COVID-19. Solo un 7% de las personas se ha vacunado, de una población de 28 millones de habitantes que esperan la segunda dosis de la vacuna, agregó.
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) seis millones de venezolanos emigraron hacia otros países buscando una mejor forma de vida, sin embargo, en muchos casos solo se enfrentan a desprecios, deportaciones y xenofobia sin que el Estado asuma su obligación de proteger a sus connacionales con su equipo diplomático como lo establece la Convención de Viena.
El defensor DD.HH. señaló que el Estado aún comete violaciones en contra de los derechos humanos y las garantías constitucionales del pueblo. “Ellos quieren poseer más poder sin mirar quién sufre o padece con la complicidad de la Asamblea Nacional oficialista recién elegida y el CNE que tiene un presupuesto millonario destinado a la política y no a la crisis de vacunación contra la COVID-19.
Narváez insiste en que en la única esperanza de los venezolanos a el cese de las violaciones de sus derechos, es la CPI.
