En sus casi 19 años de vida, la revolución bolivariana tiene en su haber un prontuario gubernamental negativo no apto para que sus seguidores y propulsores continúen ejerciendo un gobierno que en todos los ámbitos ha resultado ineficaz, pero pretenden venderlo como incluyente, soberano, incorruptible a través de la propaganda política hecha cuidadosamente y difundida insistentemente cada día para mostrar resultados de gestión positivos que no existen, una independencia política que no es verdad, por cuanto los cubanos desde hace rato controlan varios sectores estratégicos del país y el manejo limpio de los recursos públicos que es incierto, porque la mayoría de quienes hoy mandan llegaron al poder sin recursos económicos y hoy se perfilan como hombres y mujeres con gran fortuna y bienes personales que jamás se pueden adquirir con los sueldos devengados como funcionarios públicos, los cuales estaban estipulados en una Ley de Emolumentos, sancionada y promulgada para evitar el enriquecimiento ilícito de los altos funcionarios públicos. Ley que hoy fue eliminada por la Asamblea Nacional Constituyente espuria y que de acuerdo con los diputados de la Asamblea Nacional continua vigente, porque ellos como el cuerpo legislativo legal del país no la han derogado.
Por más que los funcionarios del gobierno nacional y sus aliados de los distintos poderes subyugados al Poder Ejecutivo quieran hacer ver que el Socialismo del Siglo XX es la mejor opción para gobernar y hacer feliz a la población, no lo pueden demostrar, porque las penurias vividas diariamente por los venezolanos para poder comer o adquirir una medicina son pésimas y se perciben en todas partes. Esa pesadilla política, económica y social en la que Nicolás Maduro mantiene a los venezolanos jamás había sido sufrida por éstos en ningún gobierno de la mal llamada cuarta República, porque en las peores gestiones tenidas desde 1958 hasta 1999, los habitantes de esta nación no fueron objeto de humillaciones ni vejámenes para poder obtener comida y remedios para curarse cualquier enfermedad que padeciesen. Nunca el pueblo tuvo que hacer largas colas para comprar productos regulados en un supermercado ni esperar hasta tres meses o más para adquirir una caja de comida importada de muy baja calidad a través de la cual se pretende uniformar la alimentación de los ciudadanos de esta tierra y cuyos productos jamás se podrán igualar a la calidad de los alimentos producidos en otrora en el país, como la leche en polvo, el aceite comestible, el arroz, la pasta, la harina de maíz precocida, las caraotas negras y lentejas, el atún en lata, entre otros contenidos en esos empaques.
Expropiaron empresas altamente productivas y provocaron el desabastecimiento interno para implantar el mercado de puertos para poder hacer negocios con la importación de alimentos y transformarse en grandes empresarios de ese sector. Según las recientes declaraciones de la fiscal Luisa Ortega, hoy huyendo del país, luego de la dimisión de su cargo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y la orden de captura a su esposo, el diputado Germán Ferrer, el presidente Nicolás Maduro es el dueño de la empresa mexicana encargada de la venta de alimentos para las bolsas y cajas del Clap. Afirma, por ejemplo, el empresario barranquillero Álex Saab y el presidente Maduro son los dueños de la empresa Group Grand Limited, a través de la cual manejan el multimillonario negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, encargado asistir en el área alimenticia a aproximadamente 6 millones de hogares venezolanos. Negocio del cual formaría parte igualmente, su sucesor frente a la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab, quien supuestamente es familia de ese cotizado empresario colombiano. con el empresario colombiano. No obstante, el ex defensor del pueblo rechaza tal acusación la acusación y advierte que demandará a Luisa Ortega Díaz por difamación.
Denuncias muy graves hechas por la fiscal venezolana depuesta. Denuncias que ameritan una investigación seria e imparcial para comprobar su certeza, por cuanto si los resultados son ciertos, al Jefe del Estado le cabrían serias sanciones y medidas jurídicas pertinentes para esos casos. El detalle será cual órgano se encargará de hacer esa investigación y comprobar si esa denuncia es cierta o falsa, pues todas las instancias públicas del país, excepto la Asamblea Nacional, se encuentran a merced y a favor del Poder Ejecutivo y actúan para garantizar la perpetuidad de la revolución bolivariana. Realidad que pone en duda que el nuevo fiscal quiera llegar al fondo de ese asunto, por cuanto sobre él también Luisa Ortega Díaz denunció que existen seis expedientes por corrupción, por desfalco a PDVSA, además de su consanguineidad con el empresario colombiano que supuestamente es el socio del Primer Mandatario Nacional en el negocio de la comida comprada con el dólar preferencial a 10 bolívares y vendida a los venezolanos por medio del CLAP.
Denuncias hechas muy tardíamente por la fiscal Ortega Díaz, por cuanto si fuesen ciertas, ella se convertiría en cómplice y testigo de esos actos ilícitos, pues tuvo suficiente tiempo y poder para denunciarlas públicamente y ejercer justicia sobre los culpables. Mientras esa situación no se corrobore, quedará en el estatus de denuncia o se convertirá en otro famoso cangrejo, como los existentes en la Cuarta República para tapar los delitos cometidos por los altos funcionarios políticos. Entonces, quien le pone el cascabel al gato? Podrán los diputados de la Asamblea Nacional realizar esa investigación y romper todos los obstáculos que le impidan hacerla? Lo ideal sería que investigaran esos hechos cueste lo que les cueste y que esa denuncia no se quede en el vacío como ha quedado la hecha por la empresa Smartmatic sobre el fraude en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, el pasado 30 de julio de 2017 y otras más, como el maletín de Antoni Wilson, Pudreval, entre tantas más. Sólo así se podrán ir descubriendo todas las falacias que envuelven a la revolución bolivariana y a esos funcionarios que las protagonizan y lideran, con el objeto de impedir que la impunidad no siga haciendo estragos a los valores democráticos y con el propósito de desmontar la mentira de que en esos comicios electorales se obtuvieron 8 millones de votos a favor de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, aunque nadie salió a votar, así como las falsedades sobre la guerra económica y que en el socialismo manda el pueblo o que PDVSA es de todos, así como que los opositores y disidentes de la gestión de Nicolás Maduro son terroristas o que Venezuela es soberana y que hay democracia en estos momentos o que los cubanos no tienen dominio en el país y que Hugo Chávez hizo una gestión limpia y pulcra, entre otras tantas falsedades que soportan al Socialismo del Siglo XXI y sus propulsores.
En casi dos décadas de gobierno socialista, lo único que han alcanzado los oficialistas con éxito es el atraso en todas las áreas del quehacer social y la reproducción de los pobres de este país. Si bien es cierto que cuando Hugo Chávez llegó al poder, existía un 80 por ciento de pobres, nunca hubo la crisis económica vivida hoy, porque ya ni aquellos que cuentan con un sueldo y cesta ticket mensual pueden comer balanceadamente, porque el precio de los alimentos excede a los ingresos mensuales, mientras que un significativo porcentaje de la población come de los desperdicios colocados en las distintos lugares para que sean recogidos por los trabajadores del aseo urbano. La canasta alimentaria sobrepasa el millón 400 mil bolívares, mientras que la sumatoria del salario mínimo y los tickets de alimentación no llegan a los 300 mil bolívares, lo cual implica que mucha gente está pasando hambre y no está bien nutrida. Prueba de esto es que un gran porcentaje de venezolanos apenas puede hacer una comida al día y muchos padres no consumen alimentos para poder darles a sus hijos. Esta supresión de alimentos ha hecho perder peso a un sinfín de venezolanos. Entre ocho o 15 kilos al mes ha rebajado más del 20 por ciento de los habitantes de este país, mientras que dos de cada 10 venezolanos rebuscan comida entre los escombros y desechos para poder saciar el hambre. No obstante, los representantes del gobierno niegan que aquí se esté pasando hambre y que no es necesario abrir el canal humanitario, porque a los venezolanos no les falta nada. Si esa versión gubernamental fuese cierta, no hubiesen emigrado del país más de 2 millones de venezolanos y cada día, más jóvenes y adultos quieren huir de esta crisis que al parecer no tiene salida, menos ahora con las sanciones impuestas por los Estados Unidos a los funcionarios del gobierno, cuyas consecuencias negativas también afectará a toda la población que aún habite en esta nación, hoy tan devastada por las negligentes políticas económicas, políticas y sociales decretadas por el oficialismo, solo con el fin de imponer un modelo comunista avasallador del progreso y la dignidad humana.
