La tarde del lunes 22 de mayo, Ruth González Ñáñez pensó que terminaría su pesadilla. Ese día, el Tribunal Séptimo en Funciones de Juicio del estado Carabobo sentenció absolver de los cargos que se le imputaban a Misael Javier Junior Estrella González, privado de libertad desde las protestas de 2017. Pero aún sigue tras las rejas.
La alegría por la decisión tomada en el Palacio de Justicia, tras seis años de juicio, solo duró unos minutos. Una vez que fue trasladado sin esposas a la sala de espera, Estrella debía salir inmediatamente, pero pasaron las horas y eso no ocurrió.
“Salían varios en libertad menos mi hijo, pregunté a alguaciles, no me daban respuesta, me decían que no sabían nada, que había que esperar una firma… Después un alguacil me dice que lo habían pasado al calabozo, pregunté por qué y me dijeron como a las 10:00 p.m. que se lo habían llevado a otra parte y que hacía falta una orden superior”.
El abogado y coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, aseguró que este fue un procedimiento totalmente irregular, debido a que el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Pena (COPP) establece que una vez absuelta, la persona debe salir inmediatamente en sala en libertad.
“Y así sucedió, él salió sin esposas, a un área de espera, donde le entregan la boleta de excarcelación y después debía salir del Palacio de Justicia, pero pasaba el tiempo, vemos que no sale y empezamos a hacer indagaciones”.
En la unidad de alguacilazgo les indicaron que ya habían recibido la boleta de excarcelación y que esperaban una orden de parte de la presidencia que demoraba un poco, “que debíamos tener paciencia”.
Ya a las 8:00 p.m., el equipo de abogados decidió intentar una acción urgente, con un amparo constitucional oral, pero tres horas después les dijeron que no podían recibirla porque los jueces se habían ido y fueron sacados del Palacio de Justicia, mientas que a Estrella se lo llevaron nuevamente a su centro de reclusión en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Güigüe, en el municipio Carlos Arvelo.
Instancias nacionales agotadas
Ruth ya tiene seis años por la libertad de su hijo y esta vez no sería diferente. Al día siguiente fue al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a introducir la denuncia de lo ocurrido, y Betancourt hizo lo propio en la Inspectoría General de Tribunales, y solicitó el amparo constitucional, vía escrita, ante el Tribunal Quinto en Funciones de Control.
La Ley de Amparo de Libertad Personal y Derechos de Garantías de 2021 indica que este tipo de solicitudes deben ser resuelta en 24 horas, por lo que el miércoles 24 el abogado acudió al tribunal a pedir respuestas que no le dieron.
Por ello, el jueves 25 solicitó otro amparo por omisión del Tribunal Quinto en Funciones de Control, ante la corte de apelaciones.
Tampoco han recibido respuestas en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público ni en la Inspectoría General de Tribunales. “Después de un largo juicio oral y público, Misael Javier Junior Estrella González sigue privado de libertad con sentencia absolutoria y librada la boleta de excarcelación… Vamos a intentar todos los recursos legales y constitucionales, iremos a instancias internacionales, las nacionales ya las agotamos”.
Pruebas deficientes
El abogado e integrante del equipo en Carabobo del Foro Penal, Gonzalo González, aseguró que, Misael Javier Junior Estrella González, es inocente y no había otra sentencia que no fuera la absolución.
Tenía 25 años cuando fue detenido por la muerte de un funcionario de la Policía de Carabobo durante las protestas de 2017 en el sector La Pradera del municipio San Joaquín, al oriente de la entidad.
“Desde el punto de vista criminalístico había bastantes deficiencias… No había armas, la planimetría no decía que fuera de donde estaba Misael, el rostro del retrato hablado era de otra persona totalmente distinta, incluso estatura y morfología, y había severas incongruencias porque decían que el homicida tenía capucha. Además, la distancia desde dónde decían que dispararon no se correspondía con el resultado”.
El defensor insistió en que todo apuntaba que las pruebas eran absolutamente deficientes y dejaban muchas dudas para que lo señalaran como autor de ese homicidio. “La decisión del tribunal no fue basada en la nada, sino de una deficiencia probatoria bastante determinante”.
