Cerca de 20 mujeres -casi todas vestidas de blanco- caminaron este domingo unos tres kilómetros en Caracas, en silencio, para recordar a sus familiares que murieron como víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y para exigir justicia en estos casos.
Irrupción en la vivienda
Gladys Urbina, de 60 años, participó en la manifestación para honrar la memoria de su hijo, que murió en julio de 2017 luego de que siete policías irrumpieran en su vivienda, cerca de la medianoche.
«Hace cinco años fui víctima de una muerte extrajudicial, (la) de mi hijo», dijo a EFE Urbina, al término de la caminata que atravesó un agitado bulevar comercial, en el que algunos vendedores y transeúntes recibieron información sobre estos casos de manos de las víctimas, que entregaron folletos mientras avanzaban.
La mujer aseguró que su hijo de 23 años resultó asesinado dentro de su casa, aun cuando la Policía dijo luego que este había perdido la vida en un enfrentamiento callejero.
Los agentes, siempre según la víctima, robaron bienes durante la irrupción en la vivienda y ahora están en libertad mientras ella presiona para acelerar el juicio.
«Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces he ido a la Fiscalía», añadió.
Juicios e impunidad
Daisy Contreras también caminó para recordar a un hijo asesinado, un crimen que ocurrió en 2006, cuando un detective, en plena vía pública, disparó a la espalda de Andrés Osorio, de 18 años.
«En el 2013 este funcionario fue condenado (pero) en febrero de 2014 el juicio fue anulado supuestamente por falta de intención de la juez», explicó la mujer de 59 años que en los últimos ocho años ha asistido a unos seis procesos judiciales contra el agente que hoy ocupa un cargo superior dentro de un cuerpo policial.
Aun cuando el ahora comisario recibió en 2013 una condena de 19 años de prisión por «homicidio calificado por motivos fútiles», este no ha pasado ni un solo día en la cárcel y, en cambio, según Contreras, «se ha dado el lujo» de retrasar las audiencias.
Al respecto, la psicóloga Isabel Salaverría, miembro de la ONG Mi Convive -que organizó la actividad-, subrayó que lograr una sentencia contra uniformados por ejecuciones extrajudiciales «es complicado» en Venezuela, donde «lo máximo que se ha logrado es (poner a los agentes bajo) régimen de presentación».
«Para ellas es sumamente importante la garantía de no repetición», cree, pues no ve probabilidades de que se haga justicia en estos casos pero, matiza, con estas manifestaciones se puede «empezar a generar un cambio que proteja a las personas que aún se encuentran con vida».
Entre las mujeres que marcharon había jóvenes de menos de 30 años y adultas mayores de más de 70 años que, recalcó Salaverría, perdieron a hermanos, hijos o esposos producto de la violencia policial, casi todas entre 2015 y 2020.
Entre 2015 y 2017 las fuerzas de seguridad acometieron numerosas «Operaciones de Liberación del Pueblo», redadas que consistían en irrupciones policiales en barriadas y que se saldaron con cientos de muertos.
Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14 mil 220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país. EFE
