Luis López y Carlos Aular.

Padres y representantes del Instituto de Educación Activa (IDEA) cuestionaron la decisión de la directiva de exigir el pago de 480 dólares por alumno por concepto de un programa de Inglés, como un requisito obligatorio en la inscripción, so pena de perder el cupo de no hacer efectiva la cancelación.

Son varias las quejas de los representantes que se oponen a ese pago obligatorio, que se presenta bajo la figura de aporte-donación. Luis López,  representante y abogado que adelanta las denuncias en contra de ese cobro, estuvo de visita en El Carabobeño, acompañado por Carlos Aular, también representante.

López explicó que en el año 2018 la directiva del colegio IDEA ofreció un programa de inglés que consistió en el aumento de las horas de inglés que recibirían los alumnos, para lo cual debían asistir a clases los sábados. Algunas materias, como historia, matemática y ciencias, serían dictadas en ese idioma. También recibirían formación en el ámbito de liderazgo, desarrollo humano y arte. «Era totalmente voluntario, lo pagaron los padres que querían ese beneficio para sus hijos».

El problema, según López, es que lo ofrecido no se cumplió. «Durante todo el tiempo que duró solo se dictó una clase en inglés. Además se nos indicó que los 220 dólares que estábamos cancelando incluían el pago en esa divisa a los profesores, lo cual aceptamos porque era lo justo. Lamentablemente, la rotación de docentes se mantiene debido a los sueldos muy bajos que incrementan el éxodo de ese personal».

El declarante detalló que cuando se planteó que el programa opcional pasaría a ser obligatorio para todos los alumnos del plantel y que su costo aumentó en 260 dólares, para un total de 480 dólares, pidieron explicaciones. «Lamentablemente, ni el programa, ni su estructura de costos, han sido presentados en asamblea de padres y representantes. En su lugar, han exigido a las tías (maestras) que inviten a los padres a firmar una circular sin conocer a fondo su contenido».

Según López, están reuniéndose con cada representante para evitar el requisito de la asamblea, que está contenido en la resolución 114 emitida por el Ministerio de Educación el 8 de julio de 2014, que en su artículo 3 señala que el monto de la matrícula cubrirá los costos previstos en el año escolar a cursar, monto que debe aprobarse en asamblea de padres y representantes. El artículo 6 obliga a presentar los programas y su estructura de costos también en asamblea. «Además, prohíbe el establecimiento de cuotas, aportes, bonos, o el empleo de mecanismos que puedan significar un aumento en el pago por concepto de prestación del servicio educativo».

López aseguró que el programa de inglés no está inscrito en el Ministerio de Educación, por lo cual las horas extra de inglés no serán certificadas para los alumnos que lo requieran. «La directiva alega que el ministerio deja a criterio de los colegios el manejo de un 20% del componente educativo, lo cual no es cierto. La Zona Educativa aclaró que todos los programas deben ser revisados y supervisados por el despacho educativo nacional».

Al recibir la circular del colegio que señala que para el proceso de reinscripción se debe concretar el pago único de 480$ a través de la modalidad «aporte-donación», López y su esposa, Yolanda Lamas, también abogada, decidieron actuar. «Una donación es un acto voluntario, el problema es que la misma circular dice que de no cumplir con este requisito antes del 31 de mayo se debe entender que usted no quiere el cupo y el colegio procederá a disponer de ese cupo».

López y Lamas se opusieron. Consignaron denuncias ante la Zona Educativa y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Hoy, asegura que más de 90 padres se adhirieron a ambos recursos.

El declarante atestiguó que ninguno de esos padres quiere perjudicar al colegio, pero recalca que es grave que se atente contra el derecho a la educación de sus hijos. «Ya la circular anunció que si no pagamos nos quitarán el cupo y eso no puede ser, ¿dónde vamos a conseguir un cupo en mayo?».

Las gestiones motivaron la visita al colegio del defensor escolar de la Zona Educativa, encuentro en el que se estableció que ese pago no puede ser obligatorio, sino que lo pagarán los padres que quieran que sus hijos accedan al programa. La Zona Educativa también emitió un informe jurídico en el que instan a la celebración de la asamblea de padres y representantes. López y los 90 padres adheridos a la denuncia están a la espera de que ambas instrucciones sean acatadas.

 




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