Distinguida señora Janiot, he leído su artículo titulado “La jugada sucia” dedicado a la batalla judicial que lleva el presidente Donald Trump cuestionando los resultados electorales que algunos han dado como ciertos, artículo que usted ha publicado en su blog.
Y dada la relevancia de su opinión, así como también el tinte judicial que al mismo imprime, tema que es de mi especialidad, no he resistido a la tentación de responderle con el respeto que usted se merece.
Dice usted que “El presidente Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden, a pesar de haber sufrido numerosos reveses legales. Los jueces han desestimado mas de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.”
Déjeme decirle que el hecho de que se le hubiesen desestimado más de 30 demandas al equipo legal de Donald Trump no es una mala noticia para él, por el contrario, le resulta favorable ¿le sorprende esta afirmación? Le explico: Para poder llegar con un caso ante la Corte Suprema se requiere haberlo perdido en los tribunales inferiores pues se trata de un sistema escalonado donde se demanda una petición ante tribunales de base, si allí se produce un rechazo se apela a la instancia superior, y así hasta llegar a la cúspide que es donde se dicta la sentencia definitiva y esa si es la última palabra que todo el mundo tiene que acatar.
Y mejor aún si “los reveses legales” son muchos al punto que involucren un alto porcentaje de votos que comprometan la decisión electoral final en cuanto a número de delegados. De tal manera que de ser anulados esos “reveses” el resultado a quien va a favorecer es al candidato que venía apareciendo como perdidoso y quien al declararse judicialmente la verdad éste será el ganador.
Observe, señora Janiot, que las objeciones que se están haciendo a los resultados publicados están radicadas en tres áreas que son (1) irregularidades al contar los votos y también en el recuento donde se ha dado (2) respecto a los votos por correo, y (3) tergiversación de resultados por manipulaciones en las máquinas escrutadoras.
En el caso Bush-Gore el planteamiento que ganó fue el de irregularidades en el recuento porque en los distintos Condados del estado de Florida, que era el decisivo, se aplicaron procedimientos no regularizados, es decir improvisados y no uniformes, todo lo cual implicaba violación al derecho al trato igualitario establecido en la 14 enmienda de la Constitución. La Corte le dio la razón y anuló los resultados producto de tales irregularidades. Obvio que esa es la estrategia que ahora sigue el equipo legal de Trump.
Los grandes medios han informado con un claro tono aprobatorio más o menos lo mismo que usted, señora Janiot, afirma: “Los jueces han desestimado más de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.”
Pero, muy probablemente los abogados de ese equipo legal por el contrario de sentirse derrotados se frotan las manos puesto que eso les permitirá agotar los recursos ante los tribunales locales para poder presentar un Writ of Certiorari ante la Corte Suprema alegando un fraude que va mucho más allá de un tema local, un fraude nacional violatorio de leyes federales entre ellas las referidas al mismo derecho de la citada enmienda 14.
Hasta ahora los abogados de Trump han demandado en Michigan, Nevada, Pennsylvania, Arizona y Georgia donde han presentado una gran cantidad de declaraciones juradas de testigos como medio comprobatorio de irregularidades en base a las que piden la nulidad del proceso, demandas que han sido rechazadas sin siquiera haber llamado a esos testigos a ratificar sus declaraciones.
En esos estados donde se han acusado manipulaciones, sobre todo en las máquinas, no solo es que produjo violación al debido trato igualitario entre los votos escrutados por esas máquinas y los que no lo fueron, sino que además concurrió el hecho de que en el recuento se discriminó en cuanto que permitió el acceso cercano a los observadores de un partido y lejano a los del otro en competencia, hecho que independientemente de que la anulación no sea general sino sólo en algunas localidades no llegue a cambiar decisivamente el número de delegados para la elección presidencial, sí afecta la seguridad del debido proceso para auscultar de la voluntad del pueblo elector.
También es de considerar que las denuncias sobre manipulación en los resultados emitidos por dichas máquinas tienen un alcance mucho más allá de ser un tema local ya que afecta a las propias instituciones, no solo a las electorales, y eso amerita un tratamiento de naturaleza criminal sobre el cual ha estado y está trabajando inclusive el FBI en las investigaciones que sobre ese tópico ordenó el Fiscal General William Barr.
De tal manera que podríamos resumir que esas más de 30 decisiones desestimatorias” de tal número de demandas, que por lo demás estuvieron soportadas en una gran cantidad de declaraciones juradas de testigos involucrados en los hechos y a quienes ni siquiera se dio oportunidad de ratificar esos dichos ante el tribunal no hace más que dotar a ese equipo legal de una muy fuerte argumentación como para que la Alta Corte sentencie a su favor.
Dice usted señora Janiot que “El presidente Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden…” afirmación esa que parece desconocer el hecho de que en nuestro sistema democrático republicano priva el principio del control institucional según el cual en estos casos la última palabra le corresponde darla al poder judicial por lo que más bien yo diría que Donald Trump se niega a aceptar que Joe Biden haya ganado las elecciones pues hay fuertes, concordantes y precisas evidencias de lo contrario y que ese conflicto se encuentra en curso ante el muy confiable sistema judicial norteamericano.
Y por cierto, el presidente Trump, obligado por el calendario, está cumpliendo con los trámites administrativos necesarios para concordar con el equipo del señor Biden una sucesión republicanamente ordenada cuyos efectos legales definitivos quedarían firmes si al final éste es declarado por el Congreso como Presidente de los Estados Unidos en la fecha establecida en la Constitución que es el próximo 20 de enero una vez agotados todos los recursos de la batalla judicial.
No se trata de una rendición del reclamo que pueda anular los esfuerzos judiciales que prosiguen su curso.
“We the people”
Por las razones expuestas, distinguida señora, la negativa del presidente de aceptar el resultado que ofrecen medios de comunicación, por muy fuertes que estos sean, no es -como usted dice- “una jugada sucia”, sino un derecho concedido por el pueblo estadounidense bajo el amparo de la Constitución creada el 17 de septiembre de 1787, ratificada el 21 de junio de 1788 y en vigor desde el 21 de junio de 1789. Es una batalla que se desarrolla por ante el sistema judicial. Y no está solo el presidente Trump, en ello le acompaña un grueso número de ciudadanos, yo mismo entre ellos.
Mis respetos para usted apreciada señora Patricia Janiot
Nota: el artículo de la señora Patricia Janiot se puede ver en este enlace: http://www.patriciajaniot.news/index.php/2020/11/21/la-jugada-sucia/
Carlos Ramírez López @carlosramirezl3
