Los funcionarios de Policía Nacional Bolivariana (PNB) que resultan heridos en servicio tienen que resignarse a recibir atención médica en las ya colapsadas salas de emergencia de hospitales públicos, pues su seguro ni siquiera les alcanza para cubrir el ingreso a una clínica privada.
Según fuentes internas de la PNB, actualmente el Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia (Fasmij) solo tiene una cobertura de 7.800 bolívares soberanos, y es por esta razón que casi ningún funcionario es aceptado en un centro de salud privado a la hora de una emergencia.
Ante este hecho, muchos tienen que recorrer varios centros hospitalarios a la espera de ser atendidos, y no les queda otra opción que terminar en la sala de emergencia de un hospital público.
Esta situación pone en riesgo la vida de aquellos uniformados que resultan heridos en labores y que en la mayoría de los casos necesita atención inmediata. Este martes murió en la emergencia del hospital Miguel Pérez Carreño el oficial Darwin Lorenzo Marcano Verdi (27) al no recibir atención oportuna.
El funcionario sufrió una mutilación en la mano izquierda durante la explosión de una granada que fue lanzada por un delincuente en la avenida intercomunal de El Valle. No fue trasladado a una clínica, pues ya se sabía que no lo aceptaría, y por esa razón lo llevaron al Pérez Carreño.
Según fuentes policiales, Marcano murió desangrado al no ser atendido de inmediato. Además en el hospital no había sangre para practicarle una transfusión.
Funcionarios de la PNB denunciaron que el seguro Fasmij además de no alcanzarle para las emergencias, tampoco les cubre ni las consultas hospitalarias ni los medicamentos. Todos los gastos tienen que salir de su bolsillo.
Lo que indican que es más alarmante es la cobertura del servicio funerario, pues la suma que cubre no sobrepasa los 1.500 bolívares soberanos, esto cuando el costo de un sepelio sobrepasa los 30.000.
A esto se le suma que el sueldo quincenal de un funcionario no sobrepasa los 900 bolívares soberanos. “Eso no alcanza ni para comprar el jabón para lavar el uniforme. Yo soy del interior del país y todo me lo gasto en la pensión donde vivo. Recibo más dinero rebuscándome en la calle”, indicó un funcionario que prefirió mantener su identidad en el anonimato.
El sargento jubilado José Urdaneta, director de la Asociación de Protección a los Funcionarios Jubilados, Pensionados y Activos, indicó que este año han entregado varias propuestas de Ley de Seguridad Social para la Policía Nacional Bolivariana y aún no han recibido respuestas.
Piden a las autoridades competentes que se pongan la mano en el corazón y atiendan las necesidades de los funcionarios que salen día a día a prestarle seguridad a toda la ciudadanía.
(Con información de Caraota Digital)
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