(Foto AFP)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) retomará los próximos días lunes y martes las audiencias sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y lo hace sin el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo, que hasta ahora estaba al cargo de las sesiones.

Fuentes de la OEA confirmaron este domingo la marcha del abogado argentino pero no explicaron los motivos del cambio. Llegará después del 30 de septiembre y se publicará la investigación periodística sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.

La OEA desea agradecer al asesor especial Luis Moreno Ocampo sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso de investigación de la OEA, indicó la convocatoria de prensa de las audiencias sin precisar más al respecto.

Moreno Ocampo trabajó desde julio sin remuneración como asesor especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para crímenes de lesa humanidad que fue el encargado de entrevistar a los participantes de las dos audiencias de septiembre, dedicadas a la sociedad civil y a los militares.

A partir de mañana la tarea efectuarán a los tres expertos independientes del panel que determinará si hay base para denunciar a Venezuela ante el tribunal de La Haya.

Se trata del exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH.

El 16 de octubre, el Panel Independiente de Expertos Internacionales asumirá sus responsabilidades y recibirá las presentaciones de víctimas y otros actores relevantes e interesados en las sesiones sobre la situación en Venezuela, explicó la OEA en su nota.

La audiencia del lunes se celebrará a las 2:30 de la tarde y el martes a las 10:00 de la noche. Ambas en el Salón de las Américas, sede de la OEA en Washington y retrasmitidas por internet.

Mientras tanto la OEA indicó que nuevas audiencias públicas podrían realizarse durante el mes de noviembre, algo novedoso porque hasta ahora el plan era que el informe estuviera listo a finales de octubre.

El panel formado por los tres juristas independientes determinará si hay base para que algún Estado miembro de la OEA denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la CPI.

La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte. En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.

“Esta puede ser la primera vez en la historia de la CPI que un Estado refiere a otro Estado a la corte pero, para eso, este trabajo es fundamental, ningún Estado lo va a hacer si no hay un dictamen de los expertos que diga hay que hacerlo”, explicó en una entrevista con Efe en septiembre Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012).

Por el momento, ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las delegaciones de la OEA han dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los países miembros.

En las dos audiencias celebradas en septiembre apenas se vieron embajadores titulares y la mayor parte del tiempo la mitad de las sillas de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa) estuvieron vacías.

Eso es normal, están esperando, hay unas 14, 15 delegaciones, apuntaba entonces Moreno Ocampo, al tiempo que restaba importancia al hecho de que ningún embajador respondiera a su invitación de hacer preguntas a los denunciantes en las sesiones.

Venezuela, que recibió la misma convocatoria que el resto de misiones, no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere validar una actividad que considera ilegal, según explicaron fuentes de esa legación.

Según el Estatuto de Roma, se considera crimen de lesa humanidad hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, encarcelamiento o violación siempre que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.