Transparencia Venezuela retrata la crisis humanitaria del país exacerbada por la escasez de combustible y el distanciamiento social.
La pandemia global por el COVID-19 llegó a Venezuela en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país. La profunda crisis política, económica y social, preexistente al brote del virus, como resultado de decisiones gubernamentales que socavaron el Estado de Derecho e incentivado la Gran Corrupción, se ha visto agudizada por la escasez de combustible y su impacto negativo en los sectores productivos, salud, educación, y transporte, añadiendo un ingrediente más de conflictividad a la emergencia sanitaria.
En este contexto, Transparencia Venezuela presenta el informe “Cuarentena. ¿Aislamiento social cómo anillo al dedo?”, especial que retrata cada uno de los elementos que configuran la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la población y los devastadores efectos del Estado de Alarma adoptado desde marzo de 2020 por el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la crisis, en especial en los sectores más vulnerables.
El documento plantea cómo las medidas restrictivas adoptadas en más de dos meses de cuarentena pueden estar siendo utilizados para enmascarar el colapso generalizado de los servicios públicos y acallar el descontento y la protesta, mediante la vulneración de derechos fundamentales como el libre tránsito y la información.
En tres interesantes capítulos, el informe detalla los diferentes escenarios planteados:
Escenario venezolano antes de la pandemia
De crisis en crisis. Desde 2015 se han agudizado la escasez de alimentos y medicinas, el índice delictivo, auge de la economía informal, debilidad institucional, éxodo masivo y la pobreza. Todo ello como consecuencia de políticas gubernamentales que socavan el Estado de Derecho e incentivan la Gran Corrupción, fenómeno responsable de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país – reconocida por organismos internacionales- que se agrava pese a las medidas proteccionistas del Ejecutivo.
Mientras en salud hay un escenario aterrador. El sector al que atañe de forma directa la pandemia se caracteriza por la opacidad en el acceso a la información sobre recursos invertidos, operatividad de los centros asistenciales, boletines epidemiológicos e indicadores de enfermedades; así como el acentuado deterioro hospitalario, fuga de talento, falta de material médico-quirúrgico e insumos, y una marcada escasez de medicinas que se ubica en 80%, según el gremio farmacéutico.
La situación del sector alimentario no es más alentadora. Las personas están rogando por el Clap. La política gubernamental en esta área se ha centrado en el Comité Local de Alimentación y Producción, cuestionado por improvisación, corrupción y discriminación, irregularidades que han impedido a muchas comunidades acceder desde hace meses a la compra de alimentos subsidiados, a lo que se suma el estrepitoso declive de la producción agrícola. Investigaciones previas de Transparencia Venezuela dan cuenta de que el sector alimentación, gran parte bajo dominio castrense, ha sido utilizado con fines proselitistas y de control político.
Otro elemento de la emergencia humanitaria que representa un reto a enfrentar durante la pandemia, es el de las fallas en el suministro de servicios básicos como agua, electricidad, gas doméstico y aseo urbano, sobre todo en regiones del interior del país. En materia de agua, vital para cumplir las medidas sanitarias de prevención, un reciente informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) reveló que solo 16,7% de los hogares venezolanos recibe el líquido de manera continua. El país está sin agua, sin luz, sin gas.
La emergencia sanitaria también agudizó los adversos indicadores económicos preexistentes en Venezuela. El país está en recesión económica. En 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) 2019 se ubicó en 35% y se estima que, con una caída que rondaría 20%, La crisis ha empujado a gran parte de la población activa al sector informal. Se estima que en Venezuela hay más de 5 millones de trabajadores informales y que cerca del 60% de este grupo vive en condiciones de pobreza.
Estas condiciones de precariedad hacen cuesta arriba para los ciudadanos cumplir el confinamiento. Adicionalmente, Venezuela es el país petrolero que no tiene gasolina. La escasez de combustible se acentuó durante la pandemia, afectando la movilidad de los ciudadanos para satisfacer necesidades básicas, atención en salud y la prestación de servicios prioritarios como el de la alimentación, debido a la imposibilidad de trasladar la producción a los centros de acopio.
Poco antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia, en Venezuela se asomaba un nuevo ciclo de movilizaciones. El 10 de marzo, Caracas fue epicentro de una protesta convocada por el Parlamento, que culminó con enfrentamientos, tras los cuales los diputados aprobaron un Pliego Nacional de Conflicto y se puso en marcha la llamada Operación Libertad. Sin embargo, las drásticas medidas decretadas por Nicolás Maduros el 12 de marzo para combatir el avance del COVID-19 dieron al traste con estas acciones.
Las medidas de Maduro
#QuédateEnCasa es una orden! El estado de alarma nacional decretado por Maduro cambio la dinámica social y convulsa que vivía el país por un escenario de mayor incertidumbre. La suspensión de actividades laborales y escolares y la suspensión de los pocos vuelos internacionales que aún llegaban a Venezuela constituyen medidas que muchos países adoptaron en fases más avanzadas del contagio. Como paliativo, se anunciaron medidas de “protección” como la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre, Plan de Pago Especial de Nóminas a pequeñas y medianas empresas y comercios, Sistema de Bonos, Suspensión de arrendamientos, Inversión priorizada en la compra de alimentos, suspensión por seis de los intereses de créditos y exoneración de impuestos, entre otras, que en la práctica han resultado limitadas e insuficientes. Ante esto, el sector empresarial hizo una serie de propuestas que no fueron atendidas. Hubo varias medidas, poca protección.
Entre marzo y mayo se asignaron varios Bonos de la Patria a la población más vulnerable, con montos que oscilan entre los Bs 300.000 y los Bs 450.000, con un bono especial para los médicos equivalente a un petro. Sin embargo, se trata de una asignación a discreción que no se traduce en una compensación real y efectiva en un escenario de hiperinflación escasez de gasolina, especialmente si se le compara con el apoyo económico otorgado por otros países a sus ciudadanos. Además, no existe información clara que permita verificar cuántas personas reciben este tipo de ayuda, mucho menos cómo son seleccionados los beneficiados, pues no hay reportes, ni evaluación. La población no puede sostenerse a punta de bonos devaluados.
Virus y control social
Para muchos venezolanos que viven del día a día es casi imposible respetar un esquema de restricción tan fuerte, por lo que el aislamiento social no se cumple a cabalidad, sobre todo en los sectores vulnerables. ¿Quién puede quedarse en casa? Las gobernaciones y alcaldías han dictado diferentes normas y sanciones que contravienen el derecho a la libertad personal y al libre tránsito. En este contexto han surgido numerosas denuncias de tratos humillantes, multas y hasta detenciones solo por no usar el tapabocas.
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