La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) citó hoy a audiencias públicas y dictó medidas de prohibición de salida del país para los alcalde de Chacao, Ramón Muchacho; y de Lecherías, Gustavo Marcano, ambos opositores, por permitir protestas callejeras.
El máximo juzgado convocó a Muchacho y Marcano, respectivamente, a una audiencia pública que se celebrará dentro de los cuatro (4) días siguientes a que conste en autos su notificación, para que exponga los argumentos que a bien tuviera en su defensa», indicó a través de sendas decisiones.
El TSJ ha ordenado a 14 alcaldes opositores, entre ellos Muchacho y Marcano, emprender acciones necesarias para evitar el bloqueo de las vías en medio de las protestas que se registran en el país, y ha advertido que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.
Los opositores respondieron a esa orden asegurando que no impedirían las protestas pese a las consecuencias.
Señala además que la inasistencia de los funcionarios municipales a la audiencia pública «se tendrá como aceptación de los hechos».
El tribunal indicó además en las sentencias difundidas hoy que «una vez celebrada la audiencia, la Sala podrá decidir inmediatamente el fondo; en cuyo caso expondrá de forma oral el fallo, y lo publicará dentro de los cinco (5) días siguientes».
Podría también «diferir cualquier pronunciamiento, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para resolver el caso».
El máximo tribunal ha señalado a estas autoridades que deben «realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública».
Además, les ha pedido proceder a la «inmediata» remoción de «obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a estas libres de barricadas».
Casos similares se registraron en 2014, cuando el entonces alcalde opositor Vicencio Scarano fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión y cese de funciones, por incumplir una sentencia que le ordenaba impedir el bloqueo de las calles en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que se desarrollaba en el país.
El otro caso fue el de Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), condenado a 12 meses de prisión y al cese de sus funciones.
