A Venezuela (60.534 solicitudes), Colombia (53.564) y Perú (14.308) le siguen Honduras (3.685), Cuba (3.082), Marruecos (3.076), Nicaragua (2.759), Senegal (2.173), Rusia (1.694) y El Salvador (1.377), refleja el informe ‘Más que cifras’ de esta organización no gubernamental, que parte de datos del Ministerio del Interior de España.
En 2023 se emitieron 88.042 resoluciones sobre las solicitudes de asilo, de las que un 40 por ciento fueron desfavorables, un 47 % se resolvieron por la vía de razones humanitarias -un tipo de protección menos garantista que se concede, sobre todo, a venezolanos- y solo un 12 % resultó en la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria.
En el otro lado de la moneda, CEAR llama la atención sobre los procedentes de Colombia, cuyas resoluciones se resolvieron negativamente el 94 por ciento de los casos, «pese a las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios en este país».
Aprobados y rechazados
El año pasado quedaron por resolver 30.527 solicitudes de colombianos, 11.931 de venezolanos, 11.053 de peruanos, 3.615 de cubanos, 3.603 de nicaragüenses, 3.328 de hondureños y 1.539 de salvadoreños.
La Oficina de Asilo y Refugio adscrita a este ministerio recibió en el pasado año 163.218 solicitudes de protección internacional en España, un 37 por ciento más que el año anterior y la mayor cifra desde que se creó en 1992.
El informe advierte de que aumentan «alarmantemente», en un 56 por ciento, las solicitudes pendientes de resolución, pues «191.095 personas esperan durante meses, e incluso más de un año, una decisión de la que depende su vida».