$25.000 millones fue la suma designada por el presidente Nicolás Maduro para la explotación del arco minero del Orinoco a través de la firma de acuerdos de inversión con empresas de Canada, Surafrica y EEUU. La suma es similar al daño patrimonial que le habría causado a la república la mala gestión del sector eléctrico desde el año 2007.
Según el informe de la comisión especial para investigar la crisis del sector eléctrico, el decreto de emergencia eléctrica de 2009, la estilización y centralización del servicio de electricidad en 2007 y la falta de escrúpulos u omisión de altos funcionarios permitieron uno de los mayores desfalcos hasta ahora detectados en los gobiernos de Chávez y Maduro.
Desde 2010 se aprobaron 42 proyectos de los cuales 16 no figuraban en el Plan y el costo pasó de 800 dólares por kilovatio a 2778 dólares por kilovatio, causándole a la nación un daño patrimonial de 25.381 millones de dólares. Estos proyectos se pagaron con sobreprecio. dijo Jorge Millan, presidente de la comisión especial.
La instancia pidió a la plenaria, y así fue aprobado por los diputados de oposición, declarar la responsabilidad política de a ex ministros de Energía y Petróleo y al ex jefe del estado mayor eléctric, directivos de Corpoelec y del ministerio de energía. Para entonces Rafael Ramírez acumula dos declaratorias de responsabilidad política por presuntos hechos de corrupción.
El Nacional
