Ilustración Javier Rodríguez.
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Varias conversaciones antecedieron la decisión. Manolo Sarquís lo pensó una y otra vez, lo consultó con su esposa, lo comentó con sus amigos más cercanos y, aunque lo postergó, no tuvo otra opción que aceptar la oferta de un comerciante, quien por meses le insistió comprarle su casa. En principio era una idea que la familia descartó rápidamente. Pero con una larga lista de compromisos económicos, un único ingreso quincenal y un hijo que aún está en la universidad, la propuesta se convirtió en la solución temporal a sus problemas presupuestarios. El mercado inmobiliario es ahora oxígeno a la asfixia socioeconómica.

La familia Sarquís Lovera vive en un apartamento más pequeño. Les costó un poco adaptarse, pero al menos lograron garantizar el pago de un año completo de la carrera de derecho de Joaquín, cumplieron con el seguro de los dos carros con los que aún cuentan y aún tienen algunos ceros en su cuenta bancaria que usan para sortear la escasez de alimentos y los precios de productos importados.

Otros no han tenido que mudarse, pero sí que desprenderse de ese inmueble que pudieron adquirir hace más de dos décadas para garantizar, de alguna manera, el futuro de sus hijos. Es el caso de los Pernía Molina, quienes contaban ya más de dos años pagando condominio y otros gastos asociados para el mantenimiento de un apartamento que se negaban a volver a alquilar después de una intensa pugna legal con los últimos arrendatarios. No podían seguir asumiendo esa carga y lo vendieron. El dinero obtenido lo han empleado para cancelar la prima de hospitalización y emergencias de salud de los cinco miembros de la familia.

Se trata de un fenómeno que está en ascenso

Se trata de un fenómeno que está en ascenso. El mercado inmobiliario en el país está prácticamente paralizado. Las pocas negociaciones que se hacen son de compra-venta de viviendas de vieja data. “Las personas se están deshaciendo de ese patrimonio para poder paliar sus propias crisis. Eso nunca había pasado”, advirtió la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Ingrid Suárez, y desestimó que la mayoría de este movimiento se esté dando para migrar al exterior. “No todos los que están vendiendo se están yendo del país”.

 

PRECIO AL REVÉS

Manolo ya había pensado en el precio antes de decir “sí” al comerciante insistente. Incluso, un agente inmobiliario lo asesoró. La casa en la que vivió por más de 25 años está ubicada en la avenida principal de una urbanización bien posicionada. “80 millones de bolívares”, le dijo al comprador, quien solo sonrió antes del “vamos a negociar”.

Lo siguiente fue una serie de conversaciones, la mayoría informales y por mensajería instantánea a través del celular, hasta que acordaron, casi por imposición del ofertante, el pago de 52 millones y un vehículo valorado en ocho millones, como una muestra clara de que el negocio inmobiliario es otro. “Ahora el precio lo pone el comprador, y el vendedor acepta de acuerdo a su necesidad en ese momento”.

Entre 20% y 30% se reducen los precios cuando se define la venta. Es una dinámica nueva que va en contra de todo el trabajo hecho por quienes se dedican a este tipo de actividad económica. Actualmente, en zonas de Valencia como El Bosque, El Parral y Los Mangos, un metro cuadrado se cotiza en tres millones de bolívares. En otros municipios como Libertador y Los Guayos es calculado en un millón y medio. Hace un año los precios eran otros, 50% menos, y es lo que se está registrando ahora con las rebajas que se hacen.

 

SOBREOFERTA

“En Venezuela no hay mercado inmobiliario”. Suárez no titubeó al hacer esa afirmación. Que se estén dando algunas negociaciones con viviendas secundarias no lo es todo. Hace falta una serie de factores como oferta de unidades nuevas, proyectos en construcción, preventas, alquileres, y que la oferta y la demanda se muevan al mismo ritmo. Eso es un proceso extinguido en el país desde hace tres años.

Lo que sí existe es una sobreoferta. “La mayoría de la población está vendiendo algo. Quiere salir de una oficina, local comercial o casa”. Pero solo unos pocos tienen planes de comprar.  La oferta supera en 90% la demanda.

La inflación ha sido determinante. Solo 2% de la población tiene acceso a los créditos habitacionales, cuyos montos fueron aumentados en 566% por el Ejecutivo recientemente, pero que condicionan que se debe tener ingresos mensuales por encima de los 448 mil bolívares y pagar 12 cuotas de 156 mil 800 bolívares al año. Además, los 20 millones de bolívares fijados por el Gobierno como crédito bancario no son suficientes en muchos casos  para el pago ni de 30% del costo del inmueble.

La oferta y demanda inmobiliaria industrial también ha disminuido. Ese era un nicho importante en la región por ser el vértice de la manufactura en el país y con el puerto de carga y descarga de mercancía más importante de Venezuela. “Pero como hasta las importaciones están mermadas ya son pocos los que compran o alquilan galpones industriales”.

El sector comercial, que se había mantenido estable dentro de la crisis, en 2016 tuvo una severa afectación como resultado de los altos costos de producción y la escasez de insumos.

 

TEMOR INSTAURADO

Nadie quiere alquilar su vivienda. El temor jurídico está latente y la oferta de arrendamiento residencial ha registrado una caída de 98% desde hace cinco años, tras la promulgación de la Ley de Arrendamiento que tuvo como único resultado la desaparición de ese mercado tan importante para el sector y la población.

Lo mismo ocurrió con el mercado primario y la Ley de Estafas Inmobiliarias que desestimula la construcción y muestra una contracción de 80%, a la que también se asocia la escasez de materiales.

En la región el único movimiento en cuanto a construcción de viviendas corresponde a la conclusión de obras iniciadas en años anteriores. No hay nada nuevo. No hay inversiones recientes ni proyectos para ser entregados en dos o tres años como solía comportarse el mercado.

 

EL FIN DEL NEGOCIO

18 años como agente inmobiliaria tenía Dubrasca Acosta. Era un buen negocio para ella. Así logró sustentar económicamente a sus dos hijos. Pero desde mediados de 2016 se le hizo imposible continuar. No podía ni siquiera pagar por la membresía de persona natural que la acreditaba para trabajar en el sector. Se retiró, así como ha hecho 20% de los agentes de compra y venta de inmuebles en Carabobo.

Las empresas también han tenido que asumir consecuencias severas. Al menos 30% ha tenido que cerrar sus oficinas y cambiar de actividad económica. Incluso, algunas firmas importantes han retirado sus inversiones en el país y han migrado a otros.

Suárez fue enfática al cuestionar la falta de estímulos desde el Ejecutivo. “Nosotros participamos en cada una de las reuniones del motor económico número 10 activado, pero al parecer solo funcionaron para tomarnos fotos porque no se tomó en cuenta ninguna de nuestras exposiciones de motivos”.

 

OSTEOPOROSIS URBANA

Las ciudades del país están mostrando otra cara. Están débiles, envejecidas, con síntomas claros de lo que ha sido denominado por la Cámara Inmobiliaria como osteoporosis urbana. No hay recursos para pintura ni para reparaciones de filtraciones, tampoco para el pago de cuotas de condominio cada vez más elevadas como consecuencia de la inflación.

Es un problema que vas más allá de la venta o alquiler de un inmueble. Es un efecto negativo de impacto social colectivo. Las casas y apartamentos han perdido su valor, “están severamente deteriorados a la hora de ofrecerlo a un cliente”, Manolo Sarquís lo vivió. Uno de los argumentos del comerciante que se transformó en propietario del inmueble que vendió para sortear la crisis económica, fue que tendría que invertir más de 10 millones en el acondicionamiento de la infraestructura.

 




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