El hacinamiento en calabozos policiales viola los derechos humanos de los privados de libertad en casi todas las cárceles o retenes del país. En el estado Táchira la Fundación Redes, del Colegio de Profesores de Venezuela pidió al al defensor delegado del Pueblo, Hugo Caro, una inspección a los mismos para certificar la realidad que viven en esos espacios.
Deisy Sierra y Ángel Molina hablaron del “alerta humanitaria por la precariedad y hacinamiento que viven los reclusos en los calabozos de la Policía del Táchira, Policía de San Cristóbal y Cicpc, con la posibilidad de que pueda suceder un hecho similar al ocurrido recientemente en el estado Carabobo, aun cuando los reclusos tienen derecho al goce pleno de sus derechos humanos”.
Los denunciantes que “la infraestructura de esos calabozos está colapsada, la alimentación de los presos es como la de todo el país, no se escapa de la realidad; el sistema sanitario es infrahumano, cuando los familiares piden a los funcionarios el respeto a sus derechos salen golpeados”.
Expusieron que los calabozos señalados “son espacios provisionales, no para que los privados cumplan ahí su condena, sino para que estén transitoriamente, 48 horas, y tienen una capacidad para entre veinte y treinta detenidos, pero hay una sobrecarga y hay en cada calabozo entre ochenta y cien reclusos”.
Leer nota completa en La Nación
