EFE
Venezuela podría convertirse en cuestión de días en el primer país al que se
le aplica la Carta Democrática Interamericana en contra de la voluntad
de su Gobierno en los 15 años de historia de este instrumento, cuya última
consecuencia es la suspensión de su pertenencia a la OEA.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, decidirá en los próximos días si da un paso que ninguno de sus
predecesores se atrevió a dar: someter a examen de los 34 países miembros el
estado de la democracia en una nación sin la solicitud o aprobación de su
Gobierno.
Para invocar la Carta, Almagro debe
recurrir al artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier
Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente
cuando en un país de la organización «se produzca una alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
El Consejo, donde cada embajador tiene
un voto, decidirá si existe esa «alteración» por mayoría (18),
una consideración que es puramente política, según explicó a la prensa
recientemente uno de los redactores de la Carta, el actual secretario de
Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.
Si considera que ese es el caso, el
Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones
diplomáticas para «promover la normalización de la institucionalidad
democrática».
De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de
inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos
tercios de los votos de los embajadores.
En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden
suspender la pertenencia del Estado en la organización si estiman que
«se ha producido la ruptura del orden democrático», de nuevo una
consideración política.
Hasta ahora se ha recurrido a la Carta
en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido
la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados
ofrecieron ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).
El único caso en el que la autorización del Gobierno legítimo no era posible y
en el que se aplicó la Carta hasta su última consecuencia, la suspensión de la
OEA, fue tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, al producirse una
«ruptura del orden democrático» (artículo 19).
«Los anteriores casos de invocación siempre han sido, salvo en Honduras,
porque el Gobierno no ha estimado que invocar la Carta es un insulto, sino un
mecanismo de ayuda colectiva por parte de la comunidad de Estados miembros para
ayudarle a resolver una situación que un día le puede pasar a uno y otro día a
otro», recuerda Arrighi.
En este caso, el Gobierno venezolano ha
rechazado rotundamente que Almagro active la Carta por considerar que no existe
ninguna «alteración del orden democrático» que lo justifique y
porque ven al secretario, en palabras de Maduro, como «un agente de la
CIA» que conspira con EE.UU. para una intervención en el país.
Si Almagro da el paso, será la primera vez que se produzca este choque entre la
organización y el Gobierno de un Estado.
La decisión de Almagro se conocerá con toda probabilidad a finales de este mes
o principios del siguiente, días antes de que los cancilleres americanos se
reúnan en la Asamblea General ordinaria anual, que este año se celebra en Santo
Domingo (República Dominicana) entre el 13 y el 15 de junio.
