EFE
La crisis
de Colombia con Venezuela, que este sábado completa un mes, ha dejado
en evidencia los problemas de contrabando,
inmigración ilegal e inseguridad en la frontera entre ambos países, pero
también el olvido gubernamental con el que conviven a diario miles de sus
habitantes.
El cierre del paso más activo de la frontera común,
anunciado el pasado 19 de agosto por el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, seguido de la expulsión masiva y el retorno por temor de miles de
colombianos, hizo volver la mirada hacia
una zona que hoy ve como agua de mayo la llegada de alivios tributarios y
ayudas para educación, salud y hasta movilidad de sus comunidades.
Y es que a lo largo de los 2.219 kilómetros de la línea
divisoria, donde los Gobiernos denuncian el contrabando de alimentos y
combustibles y la presencia de grupos
guerrilleros, del narcotráfico y de bandas criminales herederas del
paramilitarismo, el desempleo y la falta de servicios básicos son el pan de
cada día.
Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de
Santander, por donde permanece clausurado desde hace un mes el tránsito hacia
las poblaciones de Ureña y San Cristóbal, en el estado venezolano de Táchira,
está entre las tres ciudades con más desempleo del país, del 13,4 %, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Esta ciudad, que floreció en épocas de la bonanza petrolera
del vecino país, ha visto decaer la actividad comercial que en años anteriores
atraía anualmente a miles de compradores venezolanos.
También La Guajira, departamento ubicado en el norte y
mayoritariamente desértico, y por donde ingresaba gran parte del contrabando
que se movía por el Caribe, dejó de ser
un mercado apetecido por los venezolanos y ahora recibe los productos de
ese país que a diario llegan a cuentagotas o en camiones.
A la lánguida
actividad comercial en La Guajira se le suma el rigor de la sequía que
afecta gran parte del territorio colombiano por cuenta del fenómeno de El Niño
y por la que actualmente sus habitantes, en su mayoría indígenas de la etnia
wayúu, padecen la falta de agua y alimentos.
Los wayúu o guajiros, un pueblo que se mueve libremente a
lado y lado de la frontera por considerarse originario de esta tierra que
sobresale en el mar Caribe, se han dedicado tradicionalmente al contrabando de
alimentos entre ambos países y más reciente al de combustible, un negocio más
que rentable por la diferencia de precios y que en los últimos años pulula en
toda la frontera.
En Venezuela se comercializa la gasolina más barata del
mundo y llenar el depósito de 50 litros de un vehículo de pasajeros puede
costar medio dólar, si se tiene en cuenta para la conversión la cotización de
6,30 bolívares por dólar, la tasa oficial más baja del control estatal de cambio
en vigor desde 2003.
La situación se repite con los alimentos debido al abismo que supone el cambio del bolívar al peso
colombiano y al subsidio otorgado por Caracas a la mayoría a los productos
de primera necesidad.
En estos contextos han florecido dos nuevas profesiones
informales: los «pimpineros» o vendedores de gasolina de contrabando
en la frontera y los «bachaqueros», como se conoce a quienes
trasladan desde Venezuela alimentos o cualquier otro producto.
Así, los cierres fronterizos, que Maduro ha calificado como
«torniquetes» contra el contrabando, el paramilitarismo y el
narcotráfico, han desnudado una economía informal y la realidad de zonas como
Paraguachón, un caserío colombiano a pocos pasos de Venezuela, cuyos habitantes
recién el pasado 15 de septiembre conocieron en persona al presidente Juan
Manuel Santos.
