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Los organismos deberían estar desalojando las invasiones en el estado. (Foto Kevin Barrios)

El 2 de abril el gobernador Francisco Ameliach ordenó a los órganos con competencia en la materia, aplicar las medidas preventivas y necesarias para evitar el incumplimiento del decreto mediante el cual prohibía las invasiones en el estado.

Para evitar que estas instrucciones queden en letra muerta, en el papel, los organismos deberían estar desalojando las invasiones en el estado. Vale decir, en Carabobo no debería, en estos momentos, haber ocupaciones ilegales de tierras.

Esto no se ha cumplido. En San Diego, Naguanagua y Valencia varios terrenos dan fe de ello. Los vecinos, como ocurrió en Bella Florida y en Carialinda, se encargaron de resguardar los espacios con la convicción de que una invasión, inicialmente, lo que incrementa es la inseguridad, la delincuencia. Están convencidos de que el irrespeto a la propiedad privada no es un gesto que identifique a personas de buen proceder, que se convertirían en sus vecinos en el futuro cercano.

El gobernador en su decreto exhorta a los carabobeños que necesiten una vivienda a hacer uso de los mecanismos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda y Habitat y demás organismos competentes dentro del marco de la Constitución Nacional y leyes vigentes.

También establece, en el artículo 4, que los funcionarios de la Policía de Carabobo, policías de los municipios del estado y demás órganos de seguridad ciudadana, están obligados a garantizar el cumplimiento de este decreto.

En uno de los considerandos que Francisco Ameliach hace para decretar la incumplida prohibición de invasiones, señala que según el artículo 80 de la ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, toda aquella persona que haya invadido u ocupado de manera ilegal terrenos públicos o privados, inmuebles o bienhechurías ajenas, no gozará de los beneficios previstos en esa ley, ni podrán formalizar en ningún caso la propiedad de las viviendas o terrenos ocupados ilegalmente.

El incumplido decreto, publicado en gaceta oficial N0. 4899 el 2 de abril de este año, otorga a Gustavo Adolfo Pulido Cardier, secretario General de gobierno; y al general Arquímedes Jesús Herrera Ruso, secretario de Seguridad Ciudadana, la responsabilidad de vigilar la ejecución de la decisión legislativa, rubricada por el teniente coronel (EJB) Francisco José Ameliach Orta. (CG)




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