Para Reyes, varias redes son utilizadas por adeptos al oficialismo para insultar. (Foto Archivo/EFE)
Beatriz Rojas || brojas@el-carabobeno.com
Para el politólogo Gabriel Reyes, es preocupante que el Gobierno nacional adopte como política comunicacional la persecución y el procesamiento de quienes expresan su opinión a través de las redes sociales, como un mecanismos muchas veces catarquicos, en medio de una sociedad cuyo acceso a los medios de comunicación es bastante limitado. Esto, a propósito de la detención de varios ciudadanos por enviar mensajes a través de la red social Twitter, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
La medida ha generado incertidumbre y alarma en la población. Muchos lo asumen como el inicio de una persecución en contra de quienes no estén de acuerdo con el Gobierno. De acuerdo a lo indicado por Cabello, hasta ahora están detenidas en el Sebin varias personas, por enviar mensajes “De amenazas y burlas por el asesinato del diputado Robert Serra. Informaciones publicadas en varios portales indican que hasta ahora los detenidos serían, Inés González, José Vicente Serveleón, Daniela Benitez, Víctor Ugas, Leonel Sánchez, Ginette Hernández, Lessy Hernández y Abraham Muñoz,
Reyes desconoce cada uno de los casos, pero considera que independientemente de lo que se plantee a través de las redes sociales, existen otros mecanismos de carácter disuasivos y no represivos, que deberían ser utilizados, en el caso de que algunas de las personas que escriben, hagan uso incorrecto de esta herramienta. Subrayó que las redes sociales son para informar y no para difamar, pero siempre es recomendable entender que a través de Internet, se supone que existe una libertad que no debería ser censurada o coartada por los aparatos policiales del gobierno. En su opinión, sería recomendable que el Gobierno adoptara una campaña educativa para quienes hacen uso de estos medios.
El politólogo citó que existen usuarios identificados con el Ejecutivo, que utilizan las redes para proferir insultos y amenazar.
CNP: Castigo a la burla
La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas observa con preocupación, los recientes acontecimientos en el que un número de personas aún indeterminado, ha sido detenido por organismos de seguridad del Estado con el alegato de haber realizado amenazas y burlas, tras el asesinato del diputado Robert Serra y su asistente María Herrera.
En nota de prensa, el CNP reiteró la consternación que produjo la muerte del diputado Serra y de su asistente, por cuanto sus fallecimientos enlutaron a familias venezolanas. Reiteró el rechazo a la difusión de fotografías del cuerpo sin vida del parlamentario, lo que constituye un atropello a la memoria de este ciudadano y a sus seres queridos.
El CNP cuestiona que haya ciudadanos detenidos por haber realizado amenazas y burlas. En cuanto a las amenazas por las redes sociales, estiman que deben ser investigadas todas y no solo algunas. “En innumerables ocasiones miembros de nuestro gremio y ciudadanos en general han sido objeto de mensajes en los que se advierten posibles agresiones a su integridad física y moral sin que ello haya representado alarma alguna para el gobierno”.
Al CNP le llama la atención, que los esfuerzos del Estado están concentrados en lo que dice la opinión pública, en controlar lo que opinan tuiteros, videntes, caricaturistas, reporteros o usuarios comunes y corrientes de las redes, y no en resolver los problemas más acuciantes del pueblo venezolano como la inseguridad personal, la escasez de alimentos y medicinas, o la crisis sanitaria.
La nota cita el tuit del exministro de Comunicación Andrés Izarra al referirse al productor agropecuario declarado en huelga de hambre, Franklin Brito, que “olía a formol”, poco antes de su deceso en el año 2010. Esto generó inmenso pesar en un sector de la población, sin que ello representara para el gobierno ningún tipo de ofensa o burla.
El gremio no avala el irrespeto desde ningún sector, pero considera que el castigo a la burla, no tipificado en las leyes venezolanas, pudiese estarse instaurando como un nuevo mecanismo de censura a la libertad de expresión.
