El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó a una reunión para solicitar a los miembros de este organismo la activación  de la Carta Democrática a Venezuela. A continuación se explica algunos detalles sobre la activación y aplicación de este instrumento:

¿Qué es la Carta Democrática?

Es un instrumento jurídico para la preservación de la institucionalidad democrática del que se dotaron los Estados miembros de la OEA por unanimidad hace 15 años. Tiene 28 puntos y queda recogida en un pequeño librito azul tamaño bolsillo que ha sido más visto que nunca estas últimas semanas en los pasillos de la sede de la OEA en Washington.

¿Por qué este paso causa tanto impacto, hay precedentes?

La Carta Democrática es un recurso muy sensible no solo porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización del Estado afectado, salvo en el golpe de Estado de Honduras de 2009 por no haber Gobierno legítimo en el poder.

Hasta ahora se ha recurrido a la Carta en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofreció ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).

El único caso en el que la autorización del Gobierno legítimo no era posible y en el que se aplicó la Carta hasta su última consecuencia, la suspensión de la OEA, fue tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, al producirse una “ruptura del orden democrático” (artículo 19).

¿Por qué se creó la Carta?

La Carta fue aprobada en Lima “después del Gobierno autocrático de Alberto Fujimori en la década de los 90. La idea era hacer la Carta relevante en situaciones como la de Perú, donde el problema no era una amenaza al Estado, sino un régimen que violó el orden constitucional y minó las normas democráticas”, según explicó a Efe Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano.

¿Por qué se dice que Almagro activa o invoca la Carta?

Almagro se ampara para actuar en el artículo 20 de la Carta, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.

Con esta invocación o “activación” de la Carta abre un proceso en el que serán los 34 Estados miembros quienes decidan si, como él, consideran que se ha producido esa alteración y las medidas a tomar al respecto.

¿Cuáles son los pasos de ese proceso?

Almagro ha pedido convocar un Consejo entre los días 10 y 20 de junio. El Consejo, donde cada embajador tiene un voto, decidirá si existe esa alteración por mayoría (18).

Si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.

En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado en la organización si estiman que se ha producido la ruptura del orden democrático.

¿Entonces, la aplicación de la Carta es una decisión política?

Sí, como indica uno de los redactores de la Carta, el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, “la aplicación de la Carta Democrática es una decisión de tipo político”. “Ese debate ya no es jurídico, está sujeto a una apreciación colectiva de los Estados, es decir, es una decisión política”, precisa.

¿Qué significa en la práctica la suspensión de un país como estado miembro de la OEA?

En la práctica, la suspensión de un Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.




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