Ana Isabel Laguna/@anaisabellaguna
Venezuela en un punto de quiebre, como refieren los psicólogos: agudiza la crisis y se gestan las protestas pacíficas. En los 4 meses de 2016 se documentaron 2.138 protestas, una cifra superior a las 1.875 registradas en el mismo período de 2015, según las estadísticas del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, dedicado al seguimiento de los derechos humanos en el país.
Pero, a la par han sido repelidas con prácticas represivas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana. “Adicionalmente observamos a grupos de civiles armados, colectivos paramilitares, reprimiendo a manifestantes, actúan con el aval y permisividad de las autoridades y, en muchos casos, en coordinación con los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado”,analiza Marco Ponce, investigador y director de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad (OVC).
Este aumento de la represión, a su juicio, indica que el gobierno venezolano está implementando mecanismos de fuerza para impedir la protesta y sembrar miedo, con el fin de contener el descontento popular; “porque el gobierno ya no tiene capacidad para responder a las necesidades de la población. Podemos ver un ejemplo con el aumento de las protestas vinculadas a la actual crisis alimentaria”, agregó el investigador social.
Derechos sociales, los más reclamados
El resonar de las calles en gran parte del territorio nacional, con marchas y protestas, se han incrementado en las últimas dos semanas. Unas en exigencias de una respuesta por parte del CNE ante su atraso a los tiempos establecidos hacia un proceso revocatorio presidencial. Y otras que parecieran “invisibles” pero que están latentes en los testimonios de las largas colas para proveerse de todos los productos vitales que escasean. Y es que el 80% de las protestas documentadas en 2016 es por derechos sociales. Mientras que en los últimos 5 años, ha documentado más de 30 mil protestas en todo el país, contabiliza el OVCS.
Las condiciones están allí, potenciadas, sumado además una posibilidad de que aumenten debido a que el gobierno está en su peor nivel en los últimos cinco meses. Según el último sondeo de Datanalisis, 71,5 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro y nueve de cada 10 consultados creen que la situación del país es “negativa”.
En medio de una recesión económica, escasez de productos básicos y la inflación más alta del mundo, con millonarios pagos de deuda externa, ya las “ollas” ya se recalientan. Y líderes de la oposición han resultado agredidos en las protestas, como la ocurrida contra Henrique Capriles, en la marcha del 12 de mayo por parte de efectivos policiales cuando intentaba llegar hasta el CNE. En tres oportunidades le echaron gases lacrimógenos en la cara, llegó a denunciar. Al igual se vivió momentos de tensión durante la marcha, el pasado martes, en la ciudad de Valencia cuando grupos de electores y ciudadanos se dirigían a la sede de este organismo, al ser intervenida por la GN.
¿Qué significado tienen estas contrarespuestas por parte de los organismos de seguridad del Estado? En este contexto, se extrae la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa (publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015), la cual establece en su artículo 22 el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes”.
Esta artillería convertida en decretos, incorpora a todos los componentes de la FANB, para controlar el orden público. De acuerdo con el instructivo divulgado en marzo en las filas castrense, se estaría aplicando entrenamiento especial del orden interno, a todos los soldados del Ejército, la Armada, la Aviación, La Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, así como a los cadetes. La GNB es la encargada de impartir los cursos, para prepararlos “en el uso controlado, progresivo y diferenciado de la fuerza solo cuando exista el estado de necesidad, sea conveniente, oportuno y proporcional a la amenaza (…) con el fin de garantizar la paz social y los derechos ciudadanos”.
Según declaraciones de la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, publicadas en el diario El Nacional, incorporar a las fuerzas rompe los patrones tradicionales e implica una “orientación funcional hasta el orden interno”.
Prácticas represivas
“Si tuviéramos un país verdaderamente democrático no habría razón para el amplio despliegue de seguridad que vivimos hoy frente al derecho constitucional del pueblo a la protesta”, llegó a expresar Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional (AN), cuando también intervenía en la marcha hacia la sede principal del CNE, la cual nunca llegó a destino. Denunció que miembros de la Fuerza Armada Nacional (FANB) no quieren asumir las medidas de “represión” en contra del pueblo y por eso “el gobierno manda a salir a sus colectivos armados”.“Nadie nos va a detener, Venezuela quiere respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y hasta que no den respuestas no descansaremos. No queremos confrontación, queremos que se escuche la voz del pueblo”, llegó a pronunciar ese día.
También se violan derechos políticos
Las prácticas represivas más comunes incluyen el uso de sustancias toxicas (gases lacrimógenos) uso de perdigones y armas de fuego, golpes a manifestantes y detenciones arbitrarias. “Todas estas prácticas son violatorias de los derechos humanos y de nuestra constitución”, sentencia Marco Ponce.
Ponce interpreta que frente a la crisis, el presidente Maduro ha tomado medidas erróneas e inconstitucionales, como el reciente decreto N 2.323, mediante el cual el gobierno declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica. Dentro de todos los aspectos negativos de este decreto hay uno muy grave que afecta al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, y es que se le dan facultades para el control de manifestaciones a grupos de civiles vinculados con el partido de gobierno agrupado en los (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-CLAP). Según el decreto estos civiles con el apoyo de las Fuerzas Armadas, servirían para enfrentar presuntas “acciones desestabilizadoras”.
Y es que simultáneamente a la crisis y protestas sociales, se desarrollan las manifestaciones vinculadas al ejercicio de derechos políticos. La obstaculización y represión de las protestas políticas se hacen desde la óptica gubernamental del enemigo interno, por lo que desde esta doctrina los líderes sociales y políticos están en la mira del gobierno venezolano.
De allí, que el investigador avizora que en los próximos días pudiésemos observar el encarcelamiento de personas por participar u organizar protestas vinculadas al referéndum revocatorio o para exigir derechos políticos.
El 80% de las protestas documentadas en 2016 es por derechos sociales
