Sara Pacheco
Si Hamlet fuese estudiante venezolano, a su disyuntiva existencial se le agregaría un sustantivo. Ser profesional o no ser profesional, he ahí el dilema. La situación económica ha golpeado a todos los sectores del país. La educación privada no escapa de ello. Pero, ¿los ajustes en los precios de las matrículas son justos? Existe una estructura de costos que lleva cada casa de estudios, es irrefutable.
Pero también es cierto que hay leyes que protegen a los estudiantes, que no se pueden pasar de soslayo. Después de todo, la inflación también afecta al usuario.
En distintas instituciones de educación superior en el estado Carabobo, los estudiantes han alzado su voz ante los aumentos arbitrarios y escandalosos de cada carrera. Paulatinamente, en cuestión de meses se han armado de valor para reclamar lo que consideran indigno. En el estado existen 42 institutos privados.
Cesar Montilla estudia en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño desde 2011. Ofrecen la carrera que le apasiona: Arquitectura. Además para la época era uno de los más económicos. En el segundo semestre de 2015 pagaba 5.200 bolívares, a pesar que fue un cambio abrupto, pues él mismo debe cancelar el monto, no le pareció algo impagable.
En este nuevo semestre le dieron la noticia que debía cancelar 26.500 bolívares. Más del 400%. El aumento para César era gradual, Bs 500 o mil como máximo. Esta vez el costo para un nuevo ingreso es de Bs 36 mil. De continuar subiendo, si no se realizan las debidas fiscalizaciones, inminentemente dejará de estudiar como muchos de sus compañeros. “Somos alrededor de 3.500 estudiantes.
Para estas fechas todos estaban inscritos porque sino, de paso, te cobran una mora. Pero el miércoles de la semana pasada solo se habían inscrito 300”.
En la Universidad José Antonio Páez pasa algo similar. Para la mayoría de los 16.500 estudiantes, este nuevo ajuste en los precios fue inaudito. Kelly Celis, vocera estudiantil, pagó Bs 4.900 en su primer semestre. En el 7mo Bs 8.000, en el 9no Bs 11.000. Con el nuevo aumento el semestre se mantendría en Bs 18.650.
Aseguró que a pesar que el cobro es arbitrario e ilegal, las necesidades en la institución son mayores. “Los laboratorios de ingeniería no están en condiciones. Los consultorios de odontología tampoco. En los filtros de agua se pueden ver sapos saltando”.
Mencionó como ejemplo que para algunos en odontología el semestre oscila entre Bs 70 y 90 mil. Además rechazó las declaraciones a la prensa ofrecidas por la rectora Haydee Páez, donde idenuncia acciones violentas por parte de los estudiantes. “Todo es totalmente pacífico. De hecho se han filtrado unas fotos de las guarimbas diciendo que es lo que pasa aquí. Totalmente falso”.
Por los momentos las instalaciones se mantienen clausuradas. 
“La rectora dice que las mensualidades quedan en bajo costo, pero es falso aquí no se paga por mensualidades. Es por semanas. En un mes puedes pagar hasta tres veces”. Para el próximo 28 de marzo, después de semana santa, tienen pautada una reunión con la directora para revisar los costos, sin embargo, buscan reunir firmas para llevar la denuncia ante los entes encargados.
Al otro lado de la ciudad en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo (Iutepal), los estudiantes realizaron una protesta pacífica, donde momentáneamente cerraban el paso de los vehículos en la avenida Paseo Cabriales. El aumento no fue exagerado pero si constante. Un primer 30% en enero y este mes otro 30%. Jhonatan González explicó que las condiciones no están dadas para esgrimir algún incremento. No tienen agua potable, la inseguridad es tan fuerte que pueden robar tanto dentro del edificio como fuera de él. Sin contar que están quedándose sin profesores por el pago tan bajo –Bs 48 la hora-.
Desde el año 2013 mantienen reuniones donde solo obtienen un “estamos trabajando en eso”, de parte de los directivos.
Al respecto la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se pronunció. Establecieron el inicio de una serie de inspecciones en todo el país. La medida se ejecuta a partir de múltiples denuncias, de hecho los estados Carabobo y Miranda encabezan la lista negra.
El Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre repunta como la institución con mayor número de denuncias, seguido por el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Por ahora, los estudiantes afectados y quienes esperan ingresar próximamente esperan que s e sinceren los precios. Ser profesional o no ser profesional continúa siendo un dilema.
