Se constituyó una comisión de funcionarios del TSJ. (Foto AVN)
EFE
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, anunció este jueves que la justicia venezolana reabrirá las investigaciones de miles de personas torturadas, perseguidas y desaparecidas por razones políticas entre 1958 y 1998.
«Se determinó la reapertura de las investigaciones para esclarecer estos hecho que llenaron de oprobio a nuestro país en un pasado más o menos reciente», dijo Gutiérrez a los periodistas tras sostener una reunión con la fiscal general, Luisa Ortega, y el defensor del Pueblo, Tareck William Saab.
En el encuentro de este jueves, dijo Gutiérrez, se constituyó una comisión con funcionarios del TSJ «que servirá de enlace y que estará presidida por la magistrada Deyanira Nieves, presidenta de la Sala de Casación Penal», y que se coordinará con la Comisión de la Justicia y la Verdad, creada en 2012 y encargada de las investigaciones.
La comisión de enlace acordada servirá para «articular el trabajo que realiza la Comisión (de la Justicia y la Verdad) y para lo que requiere de la intervención del Poder Judicial como solicitud de allanamiento, exhumaciones, o en el caso de requerir una orden de captura», explicó por su parte la fiscal.
La Comisión de la Justicia y la Verdad investiga las desapariciones por motivos políticos durante los 40 años de lo que el gobierno chavista denominó IV República, en alusión al periodo que va desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, al primer triunfo electoral de Hugo Chávez, en 1998.
Hasta 2013 esta comisión había registrado cerca de 1.600 víctimas y luego de las investigaciones y la recolección de la información con familiares «ya ascienden a más de 6.000», señaló Ortega.
Según el defensor del Pueblo, hasta ahora «se han documentado para ser entregados a sus familiares cuatro cuerpos de mártires de esa época, identificados con nombre, con apellido».
Las autoridades venezolanas decidieron en octubre de 2013 abrir los archivos de esa época de los cuerpos de inteligencia y seguridad para ser puestos a la orden de la Comisión de la Justicia y la Verdad para avanzar en las investigaciones.
