(Foto Archivo)
EFE
El Gobierno de Venezuela negó haber obstaculizado la visita de un grupo de senadores de oposición brasileños, mientras que miembros del partido de Leopoldo López pidieron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que se pronuncie sobre la «agresión» que los parlamentarios aseguran haber sufrido.
La Cancillería venezolana atribuyó hoy el colapso durante horas de la vía que une el aeropuerto con Caracas al «volcamiento de una gandola (gran camión con remolque) cargada con sustancias inflamables», rechazó que «la seguridad e integridad física» de los senadores estuviese comprometida y aseguró que existe «material audiovisual y fotográfico» que lo demuestra.
Asimismo, indicó que a la comitiva se le asignó «un dispositivo y cápsula especial de seguridad conformado por más de 30 efectivos (…) que acompañaron todo el tiempo a este grupo», en coordinación con la embajada de Brasil.
El texto de la Cancillería aseguró que el viaje de los senadores tuvo como «único propósito» el de «desestabilizar la democracia venezolana y generar confusión y conflicto entre países hermanos», aunque reiteró sus «lazos de amistad y cooperación» con Brasil por «encima de cualquier maniobra divisionista».
Los parlamentarios brasileños denunciaron que durante el trayecto ayer hacia Caracas varias personas golpearon los cristales del autobús en el que se trasladaban a tratar de visitar a López y que también preveían utilizar para acercarse al centro en el que se encuentra preso el exburgomaestre de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
Además tenían pensado acercase hasta el domicilio del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también preso, pero quien se encuentra bajo arresto domiciliario por motivos de salud.
Ante la imposibilidad de llegar a la capital por el colapso de la autopista la delegación brasileña, encabezada por el excandidato presidencial Aécio Neves, optó por regresar a su país, ya que, según este, no recibieron por parte del Gobierno venezolano «garantías mínimas de seguridad».
La situación con sus senadores llevó ayer al Congreso y a la Cámara de Diputados brasileños a aprobar de urgencia una moción de censura contra el Gobierno de Venezuela.
Este malestar fue un paso más allá y Brasilia convocó a la embajadora venezolana en el país y pidió «esclarecimientos» a la ministra de Relaciones Exteriores del país caribeño, Delcy Rodríguez.
Integrantes del partido Voluntad Popular (VP), que lidera López, se solidarizaron hoy con el grupo de senadores y acudieron hasta la sede de la embajada brasileña en Caracas para solicitar a Rousseff, una respuesta ante las agresiones y maltratos que, aseguran, los parlamentarios sufrieron en su breve paso por Venezuela.
«Presidenta Dilma Rousseff, es momento de fijar posición, es momento de hablar claro con lo que pasa en la región, ya una comisión de senadores oficiales fueron maltratados, fueron agredidos, no se puede dar la espalda con lo que ocurre», dijo a los periodistas el diputado por VP Juan Guaidó frente a la sede diplomática.
«Brasil tiene mucho que decir al respecto, Brasil tiene mucho que hacer al respecto», afirmó el parlamentario, en huelga de hambre junto con varios compañeros de VP desde hace días en solidaridad con el líder de su partido.
López cumplió hoy 26 días de ayuno, decisión de no ingerir alimentos que ha dicho que mantendrá hasta que el Gobierno venezolano cumpla una serie de peticiones, entre las que se encuentra la fijación de la fecha para las próximas elecciones parlamentarias.
Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Tania Díaz, aseguró que el objetivo de los políticos brasileños en suelo venezolano era «chantajear a la justicia» y «torpedear» las relaciones bilaterales.
Díaz señaló que los diputados oficialistas respetan al Gobierno de Brasil y la condición de sus senadores, pero exigió que se respete al Poder Judicial venezolano «que esta actuando de la manera debida para castigar (…) a quien se deba castigar por la muerte de venezolanos», en alusión a la muertes que dejó la ola de protestas antigubernamentales que se desarrollaron el año pasado.
Por esas manifestaciones, algunas de ellas violentas, se encuentran presos tanto López como Ceballos, dirigentes que la oposición califica de «presos políticos».
Lilian Tintori, esposa de López, sostuvo una reunión con la fiscal general, Luisa Ortega, en la que le solicitó que su marido, quien lleva más de tres semanas en huelga de hambre, sea evaluado por un médico de confianza.
Indicó que estuvo acompañada por Patricia Gutiérrez, esposa de Ceballos, quien entregó a la titular del Ministerio Público (MP) un informe «de todos los presos políticos para exigir su liberación» y otro reporte «sobre la situación de los más de 100 huelguistas» que asegura que se mantienen en ayuno en el país en solidaridad con López.
Antonieta Mendoza, madre de López y quien también estuvo en el encuentro con la fiscal, dijo a la emisora Unión Radio tras la reunión que Ortega «va a interceder para que vayan los médicos del MP y que vaya el médico privado» de López a evaluarlo.
