Diego Alejandro Sánchez Díaz, es un estudiante de Derecho de 19 años con doble nacionalidad —española y venezolana—, fue detenido el pasado 23 de enero por la Guardia Nacional Bolivariana cuando regresaba a casa.
Según su padre, había acudido a un «cabildo abierto» en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, la cuarta urbe del país, situada a unos 360 kms. de Caracas.
Diego Alejandro, que obtuvo la nacionalidad española porque su madre y su abuela materna también la tenían, permanece retenido desde entonces.
Su padre, Deibis Sánchez, un abogado opositor que se encuentra exiliado en Ecuador, contó a ABC que sufre torturas de manera habitual.
Además de golpearle, acusa a los guardias de robarle su comida, escupirle las sobras y forzado a comérselas bajo la amenaza de volver a ser golpeado.
Los hechos estarían ocurriendo en el Comando 121 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Barquisimeto. «Ese destacamento lo bautizamos como el del terror por las historias que hemos recopilado de allí», asegura Andrés Colmenares, de Fundapaz, que confirma la situación del joven, informa Manuel Trillo.
Junto a él se encontrarían otros dos jóvenes, y su padre teme que les trasladen a la prisión de Uribana, donde el miércoles murió otro joven de 20 años, o a Caracas: «La vida de mi hijo corre peligro».
Amigos de la familia, dedicados a la abogacía, han conseguido recopilar información de la situación jurídica de Diego Alejandro realizando algunas gestiones, pero su padre denuncia que no les dan acceso a su expediente, «lo que es una violación a su derecho a la defensa y al debido proceso judicial».
Sánchez asegura además que los cargos han variado conforme ha pasado el tiempo. En un primer momento se acusaba a su hijo de alteración del orden público, pero después el Tribunal de Control número 1 de Barquisimeto «modifica el acta policial», según el padre de Diego Alejandro, y le imponen también los cargos de «resistencia al arresto, asociación para delinquir, financiación del terrorismo, uso de menores para delinquir, agavillamiento -agresiones en grupo a otras personas- e incitación para delinquir».
Acceder al territorio venezolano no es una opción para el padre de Diego Alejandro, puesto que podría ser detenido si lo hiciera, por lo que Sánchez recibe la ayuda del tío y de la abuela paterna del joven, que sí se encuentran en el país. Sin embargo, la comunicación con el arrestado es escasa, «a través de notas», aunque de vez en cuando «algún militar le permite hacer una llamada de un minuto».
Su abuela logró visitarle tras, según Sánchez, ser vejada por los guardias: «Para poder verlo, la desnudaron completamente». Además, recibió burlas de forma verbal. Finalmente, pudo ver a su nieto durante solo dos minutos y con la presencia en todo momento de sus custodios, por lo que no pudo hablar de manera libre.
El padre de Diego Alejandro se puso en contacto con Foro Penal, una organización sin ánimo de lucro formada por abogados que prestan sus servicios de forma gratuita «en la asistencia jurídica de personas detenidas arbitrariamente», según indican ellos mismos en su página web.
Sánchez asegura que le ofrecieron apoyo en los primeros momentos, en la Audiencia de Garantías Constitucionales, pero que ahora mismo no tienen a ningún abogado —salvo las amistades antes mencionadas—.
ABC ha contactado con Foro Penal, pero por motivos de privacidad han preferido no difundir datos del caso.
Petición de ayuda a España
Sánchez también ha puesto la situación de su hijo en conocimiento de las autoridades españolas en Venezuela. Asegura que con lo que gana en Ecuador, vendiendo en la calle, manda dinero a su familia y no puede pagar los honorarios de un abogado. Pide a los representantes de España «ayuda jurídica, porque nosotros sabemos que sí se puede, que ellos pueden colaborar juridicamente para la defensa de Diego».
La Cónsul General de España, Celsa Nuño, aseguró a este diario que «estamos informados y están activados todos los mecanismos». Afirma que han hablado con el padre, con abogados y también con los familiares que Diego Alejandro tiene en Venezuela: «Estamos haciendo seguimiento del caso».
