El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina.
Mercedes de Freitas, directora de la organización en Caracas, deduce que se instaló un modelo con los “elementos de una cleptocracia”, en el país.
“Hay evidencias de que la crisis económica es consecuencia de la malversación de fondos”, explica.
Maduro ha señalado que esta percepción se trata de porrazos de la oposición. “No existe, en la historia de Venezuela, un proceso y un gobierno que hayan combatido la corrupción, en su carácter estructural, con mayor rigor que la revolución bolivariana y los gobiernos de Hugo Chávez y míos».
«No ignoro que uno de los frentes de ataque de nuestros adversarios contra nosotros consiste en acusarnos de laxismo con respecto a la corrupción. Es absolutamente falso”, dijo en una entrevista hecha por el periodista español Ignacio Ramonet, difundida el martes.
Pero la mala fama es global. De hecho, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió en septiembre de 2017 un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre la “corrupción pública generalizada” imperante en el país sudamericano.
El Legislativo hace un cálculo del daño patrimonial generado por corrupción en 19 años de la autodenominada revolución bolivariana. “Solo en casos de corrupción conocidos puede decirse que las pérdidas ascienden a 450.000 millones de dólares (ocho veces el presupuesto destinado a Venezuela en 2012, el más alto), pero este es la punta del iceberg porque cada vez salen a relucir más escándalos. Es innegable que la corrupción es la causante de la crisis económica”, dijo Freddy Superlano, jefe de la comisión de contraloría del Parlamento.
La acusación se dirige al oficialismo. El sistema de control de cambio de divisas, impuesto desde 2003 y en vigencia, está vinculado con un esquema de fraude. En 2014, Jorge Giordani, exministro de Planificación de los gobiernos de Chávez y del propio Nicolás Maduro, denunció que, al menos, 25.000 millones de dólares otorgados por la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a “empresas de maletín” o inoperativas se desviaron a cuentas bancarias privadas.
La trama consistía en que compañías fachadas, sin trayectoria e inscritas en paraísos fiscales, pedían divisas al Estado venezolano a precios preferenciales para supuestas importaciones o servicios, pero tras obtener grandes montos apalancados por funcionarios gubernamentales no respondían por el dinero.
La malversación de fondos es extendida. A finales de noviembre, EL PAÍS reveló en un reportaje que una investigación interna de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) involucra a varios de sus exdirectivos en un fraude a la compañía de, al menos, 500 millones de dólares tras auto adjudicarse contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañar las licitaciones en su propio beneficio y blanquear su botín en España.
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