La Misión Internacional Independiente de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela acaba de dar a conocer su segundo informe, el cual será presentado la próxima semana ante el Comité de DDHH. Hace un año, la Misión describió con precisión aterradora las torturas que el régimen aplicaba de forma sistemática a los presos políticos, a la vez que responsabilizaba a la cadena de mando, hasta el más alto nivel de gobierno, por violar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. En esta segunda ronda, las revelaciones se orientan más hacia el papel del sistema judicial en obstaculizar la aplicación de las leyes y responder con obediencia a las instrucciones de la jerarquía chavista para silenciar a la disidencia, sin importar la validez de las acusaciones.
La Presidenta de la Misión, la abogada portuguesa Marta Valiñas, expresó que “la Misión tiene motivos razonables para creer que, en lugar de proveer protección a víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes, el sistema de justicia venezolano ha tenido un papel significativo en la represión… contra opositores del gobierno”. También indicó que “tras un seguimiento de los 90 casos presentados en el primer informe de la misión relacionados a oponentes políticos, en solo tres de esos casos había información sobre avances”.
Igualmente grave es que “la Misión identificó un patrón en el que actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados para justificar una detención o sostener los cargos y/o no investigaron las denuncias de que las detenciones se habían realizado sobre la base de dichos medios de prueba”.
Hace un año escribí sobre el primer informe de la Misión. En esa oportunidad decía que el régimen negaría todo –como de hecho lo hizo- y que seguiría con sus malas artes, quizás con un poco de discreción (como también siguió haciendo, sin mucha discreción). También anoté que la comunidad internacional se leería el informe con mucho interés antes de agregarlo a su lista de preocupaciones.
Ya el fiscal General del oficialismo declaró que el contenido del segundo informe es falso y que el Grupo de Lima pagó por su elaboración, una excusa que tiene el mismo orden de credibilidad que las iguanas que comen cables eléctricos. Mientras, la comunidad internacional –con mayor o menor escepticismo- sigue apostando por unas negociaciones que comenzaron con intentos de saboteo de parte del régimen (el veto a Carlos Vecchio y la pretensión de incorporar a Alex Saab como delegado del gobierno) y que enfrentan a dos bandos en extremos opuestos, con la particularidad de que uno cuenta con cañones, y se puede decir que tiene al otro secuestrado.
Quizás la conclusión más relevante del nuevo informe de la Misión de la ONU no sea la evidencia de que los jueces y los fiscales en Venezuela forman parte activa de un entramado represivo que actúa para mantener en el poder a los que mandan. Tampoco que el sistema judicial obedece sin chistar a lo que le instruyen los capos y no duda a la hora de meter preso a fulano o mengano sin ninguna consideración por las leyes. Eso es público y notorio. Se lee todos los días en las redes y en los medios que tienen acceso a lo que ocurre en el país, y los nombres de muchos de los afectados los conocemos todos (Roland Carreño, la gente de FundaRedes y los policías metropolitanos del 11 de abril, por solo mencionar algunos). Lo que más llama la atención es que el régimen no haya movido un dedo, ni de verdad ni en apariencia, para modificar su conducta y seguir alguna de las recomendaciones –humanitarias, por llamarlas de alguna forma- que le dio la misión hace un año. Y es que el chavismo no corrige rumbos ni cumple compromisos, como deben conocer hasta el hartazgo los delegados de la oposición que asisten a las negociaciones en México.
