El trabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, será trasladado a una nueva audiencia en tribunales el próximo martes, 3 de noviembre. Uno de sus abogados defensores, Manuel Sarabia, insistió en que no tienen cómo comprobar lo que se le acusa.
Cabe recordar que, Álvarez fue acusado de asesinato luego de que, en junio del 2011, el obrero Renny Rojas muriera por dos impactos de bala en una asamblea de trabajadores de la estatal Ferrominera Orinoco, reseñó Correo del Caroní.
El abogado aseguró que, en el sobrepoblado centro penitenciario, El Rodeo II de Miranda, en donde se encuentra recluido, ha sufrido tres atentados.
La mayoría de las audiencias que ha tenido, en estos más de nueve años, han sido diferidas al no completarse el traslado a tribunales.
El defensor de Álvarez expresó que continúa preso porque es un caso político manejado por el alto gobierno, pues para él, el único delito por el que lo acusan es por estar en esa asamblea.
Álvarez es padre de tres niños de 14, 12 y 11 años, los cuales fueron sacados del colegio de la empresa, tras el arresto. Yanitza Rodríguez, madre del trabajador, manifestó que la hija menor no había visto a su padre hasta hace dos semanas, cuando lo pudo ver por fotos se puso a llorar.
¿Hasta cuándo lo van a tener allí sin ninguna prueba?, preguntó Rodríguez.
La madre informó que su hijo tiene una mano lesionada y nunca ha sido atendido por el médico del recinto. Además, que no han sido garantizados sus derechos humanos.
Compañeros exigen su liberación
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), manifestó que el único responsable del asesinato de su propio compañero es Héctor Maicán.
Aunque, el también dirigente sindical, Maicán, fue apresado en ese entonces por funcionarios de la Guardia Nacional, a los pocos días fue liberado. En este sentido, González afirmó que pertenecer al Movimiento 21, a la FBT y ser amigo del exgobernador, Francisco Rangel Gómez, fueron las razones por las que este salió libre y Álvarez fue detenido.
Exigió que, ante las nulas pruebas para inculparlo, se libere tanto a Álvarez como a Abdul Hurtado, también trabajador de la estatal del hierro.
Por su parte, la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) y la organización Provea, la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó en 2019 la liberación inmediata de Álvarez.
Con información de Correo del Caroní
