El Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, dio hoy un portazo al proyecto para una nueva Constitución que Michelle Bachelet firmó y envió al Parlamento el pasado 6 de marzo, cuatro días antes de que la exgobernante finalizara su mandato.
«Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo», afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
El Gobierno quiere impulsar algunos cambios a la Constitución, pero dentro de un ambiente de acuerdos y de unidad, y no de iniciativas de última hora, agregó el ministro, tras participar en un seminario empresarial organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).
Las reformas a la Carta Magna pueden ser necesarias, pero con diálogo, insistió Chadwick.
«Una Constitución no es un juego, no es un proyecto más. Una Constitución es lo más importante para fijar las reglas de convivencia, en las cuales vamos a desarrollar nuestra sociedad y se va a ejercer el poder por parte de las autoridades», añadió.
También rechazó un proyecto enviado al Parlamento por Bachelet en abril del año pasado, que busca cambiar los quorum y formas de modificar la Constitución, introduciendo, entre otras modalidades, propuestas ciudadanas al respecto.
«No podemos tener una Constitución que pueda ser reformable y modificable fuera del Congreso Nacional, y que pueda hacerse según cualquier mayoría en cualquier momento», sostuvo al respecto el jefe del gabinete ministerial de Sebastián Piñera.
Eso, manifestó, es atentar contra un elemento fundamental que es la estabilidad; este país ha avanzado en los tiempos que ha tenido estabilidad y certeza y la Constitución es el elemento fundamental para ello.
«Este es un Gobierno que está profundamente comprometido con la estabilidad y la certeza jurídica como un elemento central para poder avanzar en este camino», cerró Chadwick.
La propuesta constitucional de Bachelet fue el resultado de un proceso en el que participaron más de 200 mil personas a través de cabildos ciudadanos y asambleas locales que se llevaron a cabo en 2016.
«Es el fruto de la reflexión que hemos hecho como comunidad», señaló al presentar el texto Bcachelet, quien subrayó que no se trata de partir de cero, sino que el proyecto respeta nuestra tradición constitucional.
El proyecto, entre otros puntos reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental del orden constitucional, les entrega el derecho a tener representación en el Congreso y reconoce sus derechos culturales y lingüísticos.
La iniciativa, que según Bachelet, se funda en los derechos fundamentales de las personas, pretendía sustituir la Carta Magna actual, que fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en 1980 y tuvo algunos ajustes en democracia, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
