«La finalidad principal de la OIT hoy consiste en contribuir a que todas las personas tengan la posibilidad de ocuparse en un trabajo decente.”
Juan Somavia.
La destrucción de la moneda y su impacto en la pérdida del poder de compra, han sido desde 2018 dos puntos negros en la administración económica del régimen de Maduro, así pues, el inclemente y largo proceso de hiperinflación iniciado en 2017 que comienza a revertirse sin la aplicación de un programa sólido de estabilización desde los desequilibrios fiscales y monetarios, basando su pivote de acción en una brutal contracción del gasto público en lo relativo a los sueldos y salarios del personal de la administración pública y en el abandono de las pensiones y jubilaciones, adicionando a esta receta poco ortodoxa el efecto de la desaparición del crédito bancario y la asfixia de todo el sistema financiero nacional, se han producido dos grandes resultados que hay que saber interpretar a los fines de no llegar a conclusiones erradas: La falsa idea de la superación de hiperinflación, sin evaluar los costos en la pobreza generada en la población y la recuperación de la economía, la cual sencillamente rebota desde la administración privada bajo la égida del colapso del Estado, suponiendo que el fenómeno de la dolarización, que ya es más extendido que en los planos transaccionales, generen amplias distorsiones en la formación de precios en divisas y en la construcción de estructuras de costos.
Estas distorsiones a las que me refiero, van mucho más allá de la mera sobrevaluación o apreciación artificial del tipo real de cambio, suponen la imposibilidad de contar con la suficiente productividad y competitividad del sector privado para asignar precios y fijar costes, pues las estructuras de costes incluyen el efecto de la desaparición del Estado y la adopción de responsabilidades públicas por los agentes privados, que van desde la remuneración en divisas o su equivalente en moneda local, en valores muy por encima de un salario mínimo que fue abandonado desde 2018 por el régimen y que desde 1998 jamás ha obedecido a sanos acuerdos tripartitos, sino a la discreción del gobierno central; así estas responsabilidades de las agentes privados se explanan desde la fijación de salarios muy por encima de un marcador de remuneración mínima espuria, hasta la provisión de servicios públicos y transporte para su personal, lo cual coadyuva a la determinación de estructuras de costes poco competitivas y desmedra la competitividad, siendo este el factor de mayor peso, que junto a la apreciación artificial del tipo de cambio conspira contra la dolarización en el país.
Los acontecimientos en materia geopolítica teniendo lugar en Europa, han impactado a un mercado petrolero altamente elástico a shock políticos, los precios del crudo han llegado a cifras históricas que superan los cien dólares por barril, Rusia ya no es aceptada como un proveedor seguro y Occidente, rehén de esta realidad, acude al régimen de Maduro como un proveedor cercano y si no seguro, al menos ávido de vender lo poco que puede extraer de una industria petrolera absolutamente postrada, desde luego los niveles de efectivo en divisas le confieren al Estado la capacidad de influir en el tipo de cambio, seguirlo infravalorando y además atender a la nómina de más de cinco millones de funcionarios públicos más los pensionados, quienes perciben una remuneración que no permite la más básica subsistencia, cercana a los dos dólares mensuales.
La desalarización del trabajo y su desplazamiento a condiciones indecentes, ha fomentado el ingenio para sobrevivir, así el emprendimiento morigera en verdad la imposibilidad de vivir con un salario irrisorio y esa válvula tiene un límite en términos de la capacidad de consumo y las limitaciones del ingreso, el aumento pues de los precios del barril de petróleo, ahora va en contra marcha de la narrativa anti rentista de Maduro y sus asesores en materia económica, quienes preconizaban a los cuatro vientos el agotamiento del modelo de la renta petrolera y hablaban de una Venezuela potencia, en medio de la pobreza y el hambre. Es entonces oportuno recordar que en 2018 este gobierno anunciaba la creación de una criptomoneda centralizada, el “Petro”, contra la cual estaría anclado el salario mínimo. Empero el procedimiento de cálculo se fracturó, el Petro fue usado como esquema de medición de los ingresos fiscales y nunca más se relacionó con el salario, el cual de manera refleja y por costumbre se ajustaba a través de las redes sociales, siendo su último ajuste anunciado por canales virtuales el pasado 1ero de mayo de 2021, a siete millones de la especie monetaria soberana y tres millones del bono de alimentación, frente a la tercera reconversión monetaria emprendida por el chavismo en el siglo XXI, el salario quedó deflactado en siete bolívares más tres bolívares de bono de alimentación, en el caso de los pensionados el monto se simplificó a siete bolívares.
A raíz de la invasión a Ucrania, por parte de Rusia aliada de Miraflores, los mercados de materias primas se dispararon y el gobierno decidió, basado en el radio de acción fiscal que esto supone, ajustar los salarios usando de nuevo al Petro como referencia, cuyo valor en divisas es de 57,98 dólares y en bolívares digitales asciende a 257,37, así el salario de la mitad de un Petro en bolívares sería de 126,68 y en dólares se ubicaría en 28,99 USD, monto en el cual quedarían fijadas las pensiones. Desde luego que la narrativa oficial acude a cifras relativas o porcentuales para anunciar el impacto de esta medida, el aumento porcentual es de 1.704,6%, con lo cual se reconoce que no se estaba remunerando absolutamente nada a los pensionados, para los trabajadores activos se le adiciona un valor de bono de alimentación de 46 bolívares, unos 10 dólares, para un total de 172,32 bolívares es decir 39,44 dólares al mes, lo que equivale a un dólar con treinta y un céntimos al día (1,31$).
Es necesario determinar la continuidad de esta medida, para evaluar sus implicaciones, basada en la concurrencia de ingresos fiscales por la vía de la producción petrolera y adicionalmente de la recaudación tributaria, en el marco de la reforma a la Ley de las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), en la cual se grava el uso de divisas y criptomonedas distintas al Petro, en rangos que van del 2% al 20%, asumiendo que somos una economía transaccionalmente dolarizada y también dolarizada desde las expectativas, lo cual le confiere un cariz de voracidad y regresividad a este tributo y ralentiza la tan necesaria dolarización financiera.
La canasta básica ascendió a 484 dólares (unos 2.155 bolívares digitales) en enero de 2022, es decir que diariamente se requieren 14,9 dólares para vivir, el sector privado, a pesar de sus ineficiencias en cuanto a la materia de estructuras de costos remunera muy por encima del esquema del salario mínimo desde hace mucho tiempo, con lo cual la carga inflacionaria de este ajuste reside en la eventual mejora del consumo, limitado por el monto de paridad de compra de este nuevo ajuste para el sector público y las tablas que el mismo emplea para remunerar; dicho sea de paso, de manera directa desde la plataforma Patria, y para ser más técnicos desde el Banco Central de Venezuela. Cabe la pregunta valida que inquiere sobre la metodología que empleará el Estado, sector en el cual el ajuste es más ostensible para el cálculo del pasivo laboral, prestaciones sociales frente a una tasa de 52,96% de intereses sobre este componente.
Finalmente, el principal corolario que se desprende es que la crisis de Europa Oriental terminó por darle un radio de acción al régimen de Maduro, sin embargo el reto casi imposible de revertir la dolarización es una realidad fáctica, pues el proceso de dolarización visto como consecuencia de la hiperinflación trascendió las esferas transaccionales y se ha fijado en las expectativas de todos los agentes económicos, con lo cual este aumento a 39,44 dólares solo permite adquirir el 8,8% de la canasta de alimento para los trabajadores activos y el 5,98% de la misma canasta a los jubilados. Economía es conducta, y una economía sin moneda y sin salarios es muy difícil de normalizar.
«Los resultados económicos se ven más influidos por la fuerza de los mercados que por las normas jurídicas»
Juan Somavia.
