La pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento dispuestas por las autoridades para contenerla, ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas, sobre todo, de los niños y niñas, de acuerdo con un comunicado de la organización Kapé Kapé.
Explican que el confinamiento por el coronavirus dificulta el acceso a alimentos, agua y atención médica, en medio de una emergencia sanitaria donde estos servicios son aún más necesarios. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de los niños y niñas indígenas que no cuentan con sus derechos más básicos, reseñó Correo del Caroní.
Jesús González, presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Enseñanza del estado Delta Amacuro, denunció que el 98% de las infraestructuras educativas clasificadas como interculturales bilingües de las comunidades indígenas de los municipios Antonio Díaz y Pedernales se encuentran en deterioro progresivo.
El representante gremial aseguró que son instituciones localizadas en las comunidades de la zona fluvial y rural del estado Delta Amacuro.
Con esta situación de abandono a las infraestructuras educativas de las zonas más vulnerables de la entidad, afecta aproximadamente a una población estudiantil de 15 mil niños en edades correspondiente desde tres años a 15 años que corresponden a los subsistemas de educación inicial, primaria y el bachillerato, manifestó.
En este complicado escenario de vulneración de los derechos de los niños de las comunidades indígenas, es menester del Estado aumentar y orientar los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable… especialmente en medio de las complicaciones logísticas que impone la pandemia y las medidas preventivas, indicó.
Además del deterioro educativo, la ONG condena que, en medio de la pandemia, los niños y niñas indígenas no tengan acceso a un sistema de salud que garantice su atención médica inmediata y de calidad.
Denuncian que en el ambulatorio de la comunidad Betania de Topocho, de la parroquia Parhueña, municipio Atures en Amazonas, que debería atender a 300 niños indígenas uwottuja, de entre 0 y 12 años no cuenta con médico, ni medicamentos.
Si no es una enfermedad grave, se tratan con medicina ancestral y cuando surgen complicaciones tienen que trasladarse a Puerto Ayacucho, explican.
De acuerdo al informe, esta situación se repite en la mayoría de los ambulatorios de la zona, donde la falta de dotación y personal médico vulnera el derecho a la salud de los niños indígenas de estas comunidades.
Según el estudio de Condiciones de vida en comunidades indígenas 2020 realizado por Kapé Kapé, el 37% de los niños y niñas indígenas de las comunidades encuestadas en Amazonas se enfermaron de diarreas, vómitos y lombrices, mientras que un 37% sufrió gripe, asma o bronquitis.
Además, son asechados por otro problema asociado a la salud, la malnutrición. Indican que en el estado Amazonas, específicamente en el eje carretero sur, pudieron evidenciar una alta tasa de problemas de nutrición en los niños de cero a cinco años y en los ancianos mayores de 65 años, en su gran mayoría del pueblo indígena jivi.
Indocumentados
La organización también alerta sobre la cantidad de niños y niñas indígenas indocumentados. En un abordaje en días recientes, los padres y representantes de las comunidades indígenas del municipio Pedernales del estado Delta Amacuro aseguraron que los niños en edades comprendidas entre 0 a 12 años no cuentan con actas de nacimiento.
Destacan que entre las comunidades que viven esta situación se encuentran Wakajarita, Wakajara, Winamorena, isla de Venao, Santo Domingo y Punta Eloy.
El expromototor de la Misión Sucre en el municipio Antonio Díaz, Jesús Calderón, informó que cerca de tres mil niños y niñas no tienen partida de nacimiento desde el año 2017 en la parroquia Manuel Renaud del bajo Delta.
Se trata de una constante también en los ejes carreteros norte, sur y sureste de Amazonas, así como en las comunidades indígenas de las periferias de Puerto Ayacucho. En el eje carretero norte, Kelwin Martínez, indígena jivi nos informó que tienen alrededor de 50 niños sin partida de nacimiento, específicamente en las comunidades Topocho y Albarical, señala que el principal argumento de los funcionarios del Registro Civil del municipio para no atender a la población es la pandemia de la COVID-19, manifiestan.
En riesgo de explotación
Por otra parte, Kapé Kapé explica que los riesgos aumentan para los niños y niñas de las comunidades indígenas que viven en contextos de explotación minera.
Según el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el 25% de las víctimas de explotación laboral son niños, niñas y adolescentes. En las zonas mineras de El Callao, el 45% de las personas que trabajan en los molinos para procesar el oro son niños y adolescentes.
Debido a su complexión física son utilizados para trabajos forzados que incluyen ser utilizados como apoyo a los martilleros que se encargan de excavar espacios para la localización de rutas de oro, operadores de poleas artesanales, operadores de martillos eléctricos, de máquinas extractoras de gases y en otras oportunidades fungen como informantes claves de personas o comunidades específicas.
Manifiestan que los niños y adolescentes que se dedican a los trabajos mineros reciben un pago que usualmente es inferior a lo acordado y del oro extraído en ocasiones sólo perciben un 10%, pues éstos deben pagar un porcentaje a los sindicatos, así como a otros grupos, para conservar su estadía en el lugar. Adicionalmente, las jornadas de trabajo son largas, de 12 o más horas y tampoco cuentan con acceso a equipos de seguridad, alimentos, entre otros.
En este complicado escenario de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas, es menester del Estado aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura, elementos de higiene suficientes a las comunidades indígenas, especialmente en medio de las complicaciones logísticas que impone la pandemia y las medidas preventivas, exige la organización. (Con información de Kapé Kapé)
Con información de Correo del Caroní
