El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció hoy que está evaluando activar una provisión legal que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana liderada por Fidel Castro.

En un comunicado, Pompeo dijo que hará una «revisión cuidadosa» del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que dejaría que los estadounidenses, incluidos cubanos naturalizados, demanden ante la Justicia de EE.UU. a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución.

El título III de la ley Helms-Burton, que endureció el embargo a la isla, ha sido suspendido periódicamente desde su creación en 1996 por todos los Gobiernos de EE.UU., desde el encabezado por el presidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) hasta el actual, liderado por el republicano Donald Trump.

Mañana se cumple el plazo que tenía el Ejecutivo de Trump para notificar al Congreso sobre si mantenía o no la suspensión de esa provisión legal.

Pompeo, encargado de tomar esa decisión, explicó hoy que mantendrá la suspensión solo durante 45 días, en vez del periodo usual de 6 meses, porque desea hacer «una revisión cuidadosa» del título III teniendo en cuenta los «intereses nacionales» de EE.UU. y el comportamiento del Gobierno cubano.

En concreto, para decidir si activa el título III, Pompeo tendrá en cuenta los «esfuerzos» de EE.UU. «para acelerar la transición a la democracia en Cuba» y valorará «factores como la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales».

Además, Pompeo examinará el «apoyo indefendible» que, a su juicio, Cuba ofrece a «los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua».

Desde que llegó al poder a principios de 2017, Trump ha endurecido sus sanciones a Venezuela y Nicaragua; y John Bolton, su asesor de seguridad nacional, está muy interesado en aumentar la presión contra estos dos países y Cuba, a los que ha descrito como una «troika de la tiranía».

La decisión de Pompeo generó alarma en el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, que reúne a compañías estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla, puesto que la activación del título III podría afectar al intercambio comercial.

En un comunicado, el presidente de ese organismo, John Kavulich, acusó a Pompeo de estar creando «incertidumbre» y «ansiedad».

En sus dos años en la Casa Blanca, Trump ha restringido los viajes a Cuba, ha reducido su personal diplomático y ha endurecido el embargo con más sanciones a los hoteles de la isla.

Además, el mandatario ha reducido el personal de la embajada de EE.UU. en La Habana y ha cerrado su oficina de asuntos migratorios en la isla, lo que obliga a los cubanos a tramitar en terceros países los visados que necesitan para viajar a territorio estadounidense. EFE




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