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El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) emitió este viernes un llamado de alerta ante la represión causada a la jefa de Redacción del diario  El Carabobeño, de manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, convirtiéndola en otra víctima de la violencia desmedida de las fuerzas de choque del Gobierno en las manifestaciones pacíficas.

Veinte puntos de sutura y una operación en el ojo fue resultado de las heridas que Carolina González, luego del ataque de funcionarios de la GNB, el pasado 18 de julio.

La periodista se encontraba frente a su residencia en el sector de Naguanagua, estado Carabobo, cuando funcionarios militares lanzaron una bomba lacrimógena contra González, que aunque no estaba cumpliendo labores informativas, portaba un chaleco que la identificaba como Prensa de El Carabobeño.

González explica que durante la represión contra manifestantes en la zona, un funcionario disparó una bomba lacrimógena en dirección hacia la puerta la cual rebotó y destrozó el vidrio de la entrada de su edificio, causándole serias heridas en el rostro y cuello.

Varias horas tuvo que esperar la profesional de la comunicación para poder ser trasladada hasta un centro asistencial, debido a la negativa de los guardias a que recibiera ayuda oportuna.

Carolina González fue sometida a una intervención quirúrgica de su ojo izquierdo, la cual se prolongó por tres horas, además de recibir tres puntos de sutura, nueve en el cuello y ocho en la mejilla izquierda.

“Yo salí del periódico y me dispuse a ir a mi casa a almorzar, cuando me encuentro con que la GNB estaba reprimiendo a a un grupo de manifestantes a una cuadra del edificio”, relató al IPYS Venezuela.

Antes de salir, la periodista estuvo tomando fotografías desde adentro de su edificio, cuando los militares disparaban perdigones contra los vecinos.

“Por esa razón decidí salir a buscar a una de las reporteras de El Carabobeño que se encontraba en la calle haciendo la cobertura”. Pero cuando la periodista quiso salir del edificio, venían los manifestantes huyendo de los guardias.

“Me regresé al edificio y al querer cerrar la puerta un militar lanzó una bomba lacrimógena que explotó el vidrio, y los pedazos volaron y me alcanzaron”, apuntó.

La reportera relató que funcionarios de la policía y la GNB, en ese instante, como si fuera poco, entraron a la residencia y agredieron a los vecinos que se encontraban en el lugar.

La represión continuó y los militares no dejaron pasar al grupo de primeros auxilios que se dirigía a atender a la periodista en su casa.

Versión de la ZODI

No obstante, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Carabobo, dependencia militar, publicó en Twitter, desmintiendo el atentado contra la periodista: “Falsa matriz en redes sociales que periodista Carolina González fue herida por bomba lacrimógena en La Granja, Naguanagua. #EsFalso”.”#LaVerdad.

“La periodista Carolina González chocó con puerta de vidrio de Edif. Balcones del Norte en Naguanagua y produjo heridas en su Rostro”.

Ante los hechos, la jefe de Redacción de El Carabobeño solicitó medidas de protección ante la Fiscalía 36º del Ministerio Público en Valencia, y presentó la denuncia con el Colegio Nacional de Periodistas.

Acciones de discriminación

Desde marzo de 2016, El Carabobeño opera bajo el esquema digital debido a acciones de discriminación en la adquisición de papel periódico ante instancias gubernamentales.

IPYS Venezuela rechaza esta agresión contra Carolina González, que aunque no estaba trabajando se encontraba plenamente identificada como periodista de El Carabobeño.

Los funcionarios de seguridad, hasta en contextos de excepción, tiene el deber de proteger la vida e integridad de trabajadores de los medios de comunicación.

Esta organización registró 111 agresiones físicas durante la cobertura de protestas entre el 28 de marzo y el 29 de junio de 2017.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho diversos llamados de alerta al Gobierno Nacional sobre el riesgo que corren los periodistas durante los conflictos de calle, en el desempeño de sus funciones.

“Dada la labor que cumplen estos profesionales que cubren manifestaciones y situaciones conflictivas, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función y evitar agresiones, detenciones o destrucción de los equipos y registros”, concretaron.




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