El acuerdo «condena y desconoce» el texto aprobado en EE.UU. (Foto Archivo/El Carabobeño)
EFE
El Parlamento venezolano dio luz verde, con el voto de la mayoría oficialista, a un acuerdo de rechazo de las sanciones que el Congreso de los EE.UU. aprobó hace unos días contra funcionarios de ese país que Washington acusa de violar los derechos humanos durante las protestas de principios de año.
El Senado y la Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobaron en las últimas fechas normas que se encuentran a la espera de la firma del presidente de EE.UU., Barack Obama, y que conllevarían la negación de visados y la congelación de activos de funcionarios venezolanos acusados por la Administración estadounidense de violar derechos humanos.
El documento aprobado por el Parlamento recoge también el apoyo de la Asamblea Nacional (AN-Unicameral) al Ejecutivo venezolano «en todas las acciones que lleve a cabo para exigir respeto al principio de no injerencia y la soberanía nacional (…) así como en todas aquellas medidas que en reciprocidad se deban implementar».
El acuerdo debatido en la sede del Legislativo «condena y desconoce» el texto aprobado en EE.UU., cuyo contenido, afirma, «pretende absurdamente sancionar a funcionarios venezolanos fuera de nuestro territorio, por constituirse un nuevo acto de intromisión en los asuntos internos».
Además, la AN aprobó la conformación de un comité de juristas para llevar ante los tribunales internacionales «por crímenes de guerra a todos los imperialistas que han bombardeado y destruido a los pueblos hermanos».
Para el diputado oficialista Jesús Cepeda el texto aprobado por el Congreso de EE.UU. es un «proyecto violatorio» de la «sagrada autonomía» venezolana y detrás del mismo se encuentra el «capitalismo internacional».
«No tienen autoridad moral para hacer reclamos de ninguna naturaleza contra Venezuela», aseguró Cepeda en referencia al Gobierno estadounidense y al informe divulgado hace unos días por el Senado de EE.UU. en el que indicaba que la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) llevó a cabo interrogatorios «más brutales» de lo que admitió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Para el también oficialista Yul Jabour, con el texto aprobado por la Cámara de Representantes en EE.UU. «se ha embestido una vez más, ha habido una nueva agresión del imperialismo norteamericano», contra Venezuela.
En cambio, el diputado opositor Juan Pablo García aseguró durante su turno de palabra que son los funcionarios señalados por EE.UU. «los que tienen que responder por la violación de los derechos humanos» y que no es el país en su totalidad quien ha de hacerlo.
«No se puede confundir al pueblo, no hay sanciones ningunas contra el país, son contra estos funcionarios violadores de los derechos humanos», recordó.
En parecidos términos se expresó el también opositor Hermes García, quien solicitó a los diputados oficialistas no salir a defender a los compañeros «corruptos».
«No sean falsos, que ellos se defiendan compañeros (…) el Gobierno y el pueblo de Venezuela no puede presentarse para defender corruptos, que se defiendan ellos», sostuvo.
