Polémico mural pintado por el Colectivo La Piedrita en el 23 de Enero. (Foto Internet)
Dayrí Blanco
Las paredes de los espacios públicos están llenas de murales con rostros de guerrilleros. La palabra muerte figura en la mayoría de esas composiciones gráficas. Desde el Gobierno se ha dejado claro que la revolución está armada. Se celebra el aniversario de un golpe de Estado y no el de victorias electorales. El clima nacional es propicio para que el crimen sea parte de la vida de los habitantes del país.
El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, fue enfático al advertir que el Ejecutivo elogia las armas, la violencia y al violento. No es casualidad que el país, que hace 20 años no era considerado para elaborar la lista naciones con mayor número de homicidios en América Latina, hoy duplique la cifra de asesinatos de su vecino Colombia, con 24 mil 980 para el cierre de 2014. 82 víctimas por cada 100 mil habitantes. En 2013 el índice fue de 79.
Pero Venezuela no siempre fue un país violento; por el contrario. Por muchos años se intentó explicar por qué la tasa de homicidios era tan baja cuando en Colombia era alta. Universidades católicas de Latinoamérica hicieron un estudio y se discutía si se aceptaba o no a Venezuela, porque no era un país violento relacionado con, además de su vecino, Perú, Guatemala, México y Brasil. Durante cinco décadas la tasa de asesinatos más alta de Venezuela fue menor a la más baja que había tenido Colombia en ese mismo periodo.
¿Por qué cambió eso?
-La causa ha sido una inmensa destrucción institucional que ha tenido varios momentos en nuestra historia. El primero ocurrió en 1989 con el Caracazo que provocó 534 muertos en la capital en una semana, en una época donde se registraban apenas mil 700 al año. En ese momento la acción represiva de las autoridades generó más violencia. El segundo momento de aumento de homicidios fue en 1992, cuando hubo dos golpes de estado. Se destruyeron leyes y acuerdos políticos. Por las armas individuos deciden tumbar al presidente fuera de las normas establecidas. Pero después las cifras se volvieron a estabilizar. Luego, de 1994 a 1998 los asesinatos se mantuvieron. En 1999 comenzó un incremento exponencial de cuatro mil 500 homicidios a los 24 mil 980 de 2014.
¿La impunidad ha tenido que ver con este incremento?
-Por supuesto. Existe una inmensa impunidad. Del 91% de los homicidios ocurridos no hay ni un detenido. En 1998 por cada cien crímenes había 118 detenidos. Pero en los últimos cinco años ese número bajó a entre ocho y nueve.
Además se le dio un freno a la acción de los cuerpos policiales, que claro que tienen defectos, pero en lugar de corregirlos, fue distorsionada su función. No hay componente de represión del delito, solo de prevención. La misión A Toda Vida Venezuela así lo estableció porque ellos no quieren política de seguridad de la derecha, que emplea a la policía para reprender. Ellos dicen actuar como la izquierda, solo con prevención.
¿Sin policías ni autoridades penales que trabajen por la seguridad ciudadana, entonces las comunidades toman justicia por sus propias manos?
-Eso está sucediendo. Hay una gran desconfianza en el accionar de los cuerpos policiales y judiciales. Se han incrementado los linchamientos. Las comunidades sienten que la Policía no las protege y que el sistema de justicia penal no castiga los delitos. Cansados de ser atracados o de ver familiares y vecinos morir por grupos armados, se organizan entre ellos para brindarse la seguridad que necesitan. Se vengan y ocurren crímenes ejecutados con mucha crueldad, porque la gente se ha ido acostumbrando a padecer la violencia. Hace 20 años eran cuatro mil familias las que vivían una mala experiencia. En los últimos 15 años 200 mil han crecido viendo a amigos, vecinos y familiares ser asesinados. La violencia se va alimentando.
Aunque para buena parte de la población la presencia militar da sensación de que se está haciendo algo en materia de seguridad, la eficiencia es limitada. Los militares no son la respuesta para la seguridad ciudadana. Ellos están formados para la guerra. La seguridad ciudadana es lo contrario a la guerra. En ninguna parte de América Latina la actuación de militares en seguridad ha dado resultados beneficiosos.
¿Se resuelven problemas comunes usando la violencia y las armas?
-Está ocurriendo un fenómeno de sustitución de las vías pacíficas de solucionar conflictos por formas violentas, debido a la impunidad y por el mensaje dominante que hemos tenido de que las cosas se arreglan por la fuerza y las armas. La ley no importa. Se resuelve todo fuera de las normas establecidas. Ha resultado más eficiente hacerlo así y se tiene 91% de garantía de que no se irá a la cárcel. La ley ha desaparecido y queda la fuerza. La norma no regula la interacción de las personas, lo hacen las armas.
¿Cómo se protege de la inseguridad la sociedad sin apoyo policial?
-Paradójicamente se ha privatizado la seguridad, pese a que el Estado esté en contra de esa práctica, pero su propia política ha obligado que así sea. La gente se ha armado. Colocan diferentes dispositivos de seguridad en sus casas, negocios y vehículos, los que tienen más dinero utilizan el blindaje y pagan por seguridad personal. Las comunidades se organizan para cerrar cuadras. Incluso en los barrios se han puesto rejas en las veredas y hasta se sellan ventanas con ladrillos para evitar que una bala pase.
Ahora vivimos encerrados. Estamos sometidos a un toque de queda autoinfringido. El miedo ha hecho que en muchas zonas no se hagan fiestas por temor a que se conviertan en una tragedia, en Navidad y Año Nuevo las familias no salieron de sus hogares a abrazar a sus vecinos, muchos han decidido no trabajar de noche, y en universidades se han cerrado muchas cátedras que se dictaban en horario nocturno, porque asaltan a los alumnos y profesores en las aulas, o se convierten en víctimas durante el retorno a casa.
¿Ha funcionado la Ley Desarme?
-Ha sido todo un fracaso. El Gobierno que la promulgó llamó a crear milicias obreras y respalda el accionar de los llamados colectivos. Las cárceles están llenas de armas. Si no han logrado desarmar a toda esa población que está encerrada tras las rejas, difícilmente lo harán con el resto de la sociedad.
Además, para su efectividad es necesario que se aplique de forma universal y que los habitantes del país actúen de acuerdo a ese mismo objetivo, y ninguno de esos dos aspectos elementales se está cumpliendo.
¿Cómo está funcionando el sistema carcelario?
-La realidad de las prisiones venezolanas es dramática. Lo más resaltante es que las leyes que llevan a esos individuos a las cárceles no se aplican dentro de ellas. Ahí se cometen todo tipo de delitos. El Gobierno le entregó el poder de las prisiones a los reclusos y no lo ha podido recuperar.
Las cárceles son reflejo de la perversión de la inseguridad. Son demostración fiel del fracaso de las políticas de seguridad. El sistema penitenciario no protege a los reos y los somete a normativas ilegales. Se debe pagar por todo a los pranes. Por un espacio para dormir, por comida, para sobrevivir.
¿Los colectivos actúan políticamente o comunitariamente?
-Son bandas paramilitares que trabajan privatizando la violencia o la seguridad, depende de cómo sea visto. Ellos aluden defender a la comunidad, protegerlos del delito, pero se les conoce por actuar políticamente como grupos paraestatales armados fuera de la ley. Sorprende este año la no actuación del Gobierno para pacificar el país, frente a estos grupos que hacen ostentación clara que están armados. Por el contrario, cuando la policía actuó en contra de esas bandas destituyó autoridades ministeriales.
Cada año asesinan a más policías ¿A qué se debe eso?
-Se mata a los policías porque hay un irrespeto hacia ellos. Se les ataca porque para las bandas es un símbolo de poder asesinar a un policía. Es una especie de condecoración. Y son ciudadanos como cualquier otro expuestos a los mismos riesgos. Por semana se asesinan en Caracas 2,6 funcionarios en promedio. En Carabobo a 1,1 en siete días. Y en Nueva York hubo una gran conmoción porque mataron a dos. Aquí eso lamentablemente es algo común y normal.
¿Se importan delitos en el país?
-Hace 20 años eran pocos los delitos importados como el sicariato, ahora son tan comunes en el país, y se han perfeccionado que exportamos técnicas de crímenes a otros como el secuestro express y formas particulares de robo. También mayor presencia de grupos del delito y crimen organizado que se han movido de Colombia a Venezuela. Grupos mexicanos han empezado a actuar en el país porque ya está en el círculo del delito internacional.
¿Nuevas ciudades se han incluido en la lista de las más violentas del país?
-Las grandes ciudades del país están en primer lugar como las más violentas. Las centrales como Valencia, Maracay, La Guaira y Caracas, pero hay ciudades nuevas como Maturín, Cumaná y San Félix que tienen alto nivel de delito.
¿Se puede frenar o al menos controlar la violencia?
-Es posible hacerlo en corto tiempo. Pero se deben tomar medidas exactas. Se requiere recomponer la sociedad, retomar la norma y la ley con independencia del color político. En Venezuela las políticas de seguridad solo pueden ser eficientes en el marco de un cambio social, se debe reformar el sentido de respeto y cumplimiento de ley y norma por ciudadanos y entes policiales y de justicia penal.
Inseguridad motiva emigraciones
Cada año son más los venezolanos que deciden irse a otro país. Históricamente, quienes lo hacían buscaban mejores oportunidades de estudio o empleo. Pero desde hace cinco años los motivos han cambiado. La prioridad es sentirse seguro. Personas víctimas de la delincuencia, con familiares secuestrados o asesinados han emigrado. La inseguridad ha sido un detonante para decidir huir del país. Pero quienes no tienen posibilidades, no solo de costear un boleto aéreo, sino de residenciarse fuera de Venezuela, optan por la mudanza a otra ciudad o barrio. Es una práctica recurrente en la actualidad. Mandan a hijos a otros lugares donde puedan estar más seguros. También se dan casos de personas que denuncian un delito y se mudan por temor a venganza, porque saben que reina la impunidad y no confían en las autoridades.
