(Foto Archivo)
Dayrí Blanco
Las visitas crecen a diario. Son muchas las personas que entran a las oficinas de la Inspectoría César Pipo Arteaga. Van con sus uniformes puestos con la esperanza de recibir alguna respuesta positiva. Pero los mecanismos son lentos. Entre montañas de carpetas que cambian de escritorios y caras nuevas que se pasean como funcionarios del lugar, tras la intervención de la sede regional del Ministerio del Trabajo, todos quieren ser atendidos.
Aún se desconocen los lapsos de espera y los detalles de los procedimientos del reenganche de cerca de tres mil despedidos en Carabobo ordenado por el jefe de la cartera laboral, Jesús Martínez, la semana pasada. Los 10 mil tercerizados del estado tampoco saben de qué manera se dará su incorporación a las nóminas formales de las empresas, una vez vencido el plazo dado para la eliminación de esa figura.
Este martes un grupo representativo acudirá a la Asamblea Nacional. Se tiene previsto que se les de un derecho de palabra en la sesión ordinaria del día, según invitación hecha por el diputado José Ávila, y se espera que se les aclaré de qué manera se cumplirá la decisión tomada por el ministro.
Por ahora en la Inspectoría César Pipo Arteaga los tercerizados deben redactar un documento explicativo que incluya el nombre de la empresa con dirección exacta y punto de referencia, la actividad económica a la que se dedica, determinar si es pública o privada, identificar a la contratista con nombre y ubicación, número aproximado de trabajadores afectados, cargo y razones por las que consideran que son tercerizados. La comunicación debe ser entregada a la división de supervisión, dirigida al responsable de esa unidad, Antonio Moreno.
Se conoció que se le está dando prioridad al sector automotor, que es uno de los mayores tercerizadores en Carabobo, a las industrias de alimentos y medicinas.
