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Estefanía Rosales Coronel

Hasta el 11 de diciembre se desarrolló en París la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático para llegar a un acuerdo mundial para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Un total de 184 países presentó sus propuestas de acción para reducir sus emisiones. Venezuela se reservó el derecho a presentar su plan nacional de reducción de emisión de gases de efecto invernadero (INDC, en inglés) en función del resultado de la conferencia sobre el clima de París (COP21), al igual que Nicaragua, Panamá y Corea del Norte. 

Otra deuda del Gobierno con la materia ambiental es que mientras diversas naciones latinoamericanas tienen en los portales web de sus ministerios de Ambiente información amplia y sistematizada, por ejemplo, del inventario de gases de efecto invernadero nacional y demás estadísticas oficiales, en el país se tienen más interrogantes que certezas. Los estudios están dispersos, la mayoría no están publicados y no existen cifras oficiales, asegura la profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB), Alicia Villamizar.  

“Esta debilidad informativa es inquietante”, sostiene con firmeza la catedrática. “Es preocupante para nosotros los académicos, porque no contamos con información para refutar o apoyar evidencias que recabamos en  nuestros estudios y compararlo con la escala país. El ciudadano está desinformado de un tema influyente en la vida de una nación”.

En la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Venezuela, -hasta el momento la única-, se registró que las emisiones totales de CO2 se situaban en 114.174.000 toneladas para 1999. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, las emisiones de CO2 per cápita en el país estaban en 7,1 toneladas, cuando el promedio mundial estaba en 4,01. Desde ese momento, no se conoce de la publicación de otro inventario nacional ni se ha realizado la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. 

Si un país no conoce sus emisiones de GEI y no las tiene inventariadas, no puede definir políticas de mitigación, razona la especialista. “Tengo que reducir un volumen de emisiones, pero tengo que saber cuánto estoy emitiendo para saber cuánto puedo reducir. ¿Dónde están esas emisiones?, ¿qué puedo cambiar en esa área? Entonces todo lo que el  Gobierno diga que va a hacer sobre el cambio climático está sobre una nube”.

Planificación a ciegas

El desconocimiento sobre la manera en que el cambio climático está afectando el país representa un riesgo alto para todos los ciudadanos, en especial para el Gobierno. Es perjudicial no tener información científica que sirva como soporte para la elaboración de políticas públicas y  la toma de decisiones, explicó Villamizar. 

En materia de cambio climático se habla de dos tipos de medidas fundamentales: mitigación, enfocadas a reducir emisiones a través de acciones concretas para la eficiencia energética como el reemplazo de combustibles disminuyendo las toneladas de CO2 emitidas al año y las conocidas como medidas de adaptación, pensadas para enfrentar las consecuencias de las emisiones de GEI. La explicación es del ingeniero mecánico especialista en energías renovables, Raúl González Acuña.  “Por ejemplo, estoy al lado de un río que por el cambio climático se está desbordando. La medida de adaptación podría encaminarse a la construcción de un muro para evitarlo, es adaptación al  cambio. Si por el contrario se está secando,  ¿cómo se protege la cuenca?”, ilustra González Acuña.

Pero, para aplicar medidas de adaptación oportunas, es necesario calcular la vulnerabilidad de la región a un determinado fenómeno. En Venezuela no se está haciendo, aseguró el ingeniero. Los territorios siempre tienen riesgos diferentes asociados a los elementos cercanos. Por ejemplo, una ciudad construida sobre una zona sísmica está en riesgo de terremotos. 

-La vulnerabilidad está asociada a qué tan expuestos estamos a ese riesgo y se hace un mapa asociado a esa variable. Mientras no se disponga del mapa de vulnerabilidad se dificulta la elaboración de políticas asociadas a  mitigar o a la adaptación”.

Cuentas pendientes

En la emisión de gases de efecto invernadero, para el 2001 Venezuela se situaba en 6,42 toneladas de CO2 per cápita según los indicadores de desarrollo humano del Banco Mundial. Para el mismo período la media de América Latina era de 2,9 y la del mundo  4,94. Juan Carlos Sánchez, ingeniero venezolano, miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). “Venezuela con 0,4% de la población mundial, emite 0,8% de los gases de efecto invernadero del mundo, registró una investigación realizada en 2013”. Pero no siempre fue así.  Venezuela era modelo en la creación de ministerios y en el desarrollo de una legislación ambiental en Suramérica, afirma la gerente de proyectos socio-ambientales de la Fundación Tierra Viva y ambientalista por más de 20 años, Jordana Ayala. A su juicio, las leyes vigentes permiten una buena gestión ambiental para ocuparse de la deforestación.

Venezuela ocupó el 10° lugar entre los países con mayor tasa de deforestación, con 288.000 ha/año, lo que representaría la destrucción de 2,8 millones de hectáreas de bosques naturales en el período 2001-2011, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

-Sabemos que la Misión Árbol ha sembrado algunas plantas, pero no hay información sobre el avance de la misión en Carabobo. ¿Cuántas jornadas hicieron? Cantidad de árboles  sembrados. No se encuentran datos concretos.

Cuando se incluyen las emisiones netas de CO2 provenientes de la deforestación, la posición de Venezuela es más alarmante. A los 200 millones de toneladas métricas anuales de emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles en el 2010, habría que añadir 90 millones adicionales por la deforestación anual neta. Lo que elevaría las emisiones totales a 300 millones de toneladas anuales, equivalente a 10,5 toneladas por habitante por año, de acuerdo con los cálculos realizados por el investigador Julio Centeno. 

“Hay una especie de doble discurso de que otros son los que contaminan, pero les vendes petróleo. ¿Pero qué estás haciendo internamente con la deforestación y la quema?”, se pregunta el ingeniero  especialista en energías renovables  González Acuña. “No se ha detenido la deforestación y cada vez es más alto el consumo de combustibles fósiles. Por el contrario se  han instalado más centrales térmicas que agravan la contaminación. 

De acuerdo con el ingeniero Sánchez, en Venezuela se invierten 36.000 millones de dólares anuales para subsidiar la gasolina cuando la tendencia mundial es invertir en energías alternativas. 63% de los gases emitidos en el país provienen de las empresas estatales Pdvsa y Corpoelec.

Un informe del Centro de Colaboración Frankfurt School (del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Pnuma) y la consultora Bloomberg New Energy Finance (BNEF) registró que en 2014 la inversión global en energías limpias -sobre todo solar y eólica- creció hasta los 270.000 millones de dólares, tras 2 años de caída, un aumento del 17%. En Venezuela, el 62% de la energía proviene de la generación hidroeléctrica, pero todavía le queda  mucho por hacer para alcanzar un 95% o 100% de energía limpia.

“Para llegar a 100% de energía limpia, hay que fomentar la generación eólica. Estimo que en unos 10 años se podría tener una transición, al menos hasta 95% del Sistema Eléctrico Nacional”, dice González Acuña sobre el tema. En el marco normativo venezolano, el Estado es el único que puede hacer inversiones en el ámbito energético. Para lograr un crecimiento de las energías renovables,  el experto recomienda la creación de un esquema de mercado donde los participantes privados también puedan aportar capital para la instalación de sistemas de generación de energía limpia. Además de los cambios normativos, sugiere sincerar las tarifas de los servicios en el país, porque de lo contrario un proyecto de energía renovable no se pagará nunca en Venezuela. “Se hace una inversión de 2 millones de dólares en un parque solar, ¿cuándo se le saca la factibilidad y cuál es el ahorro? Lo que dé la facturación eléctrica, pero si no vale nada, ¿cuándo se hace el pago de ese proyecto? Nunca”.

Políticas centralizadas

La gerente de la Fundación Tierra Viva, Jordana Ayala, opina que en las convocatorias que realiza el Gobierno para la discusión de temas ambientales la politización ha resultado un inconveniente. “No hemos tenido acceso a esas reuniones o conversaciones. El año pasado se iba a abrir un espacio para conversar, pero no ocurrió”.

Sin embargo, las acciones de los movimientos ecologistas locales no se han detenido. En Carabobo, la Fundación Tierra Viva desempeña labores de educación de la ciudadanía, gestores públicos y de docentes sobre el cuidado del medio ambiente. Destaca también el trabajo de la Fundación Hijos de la Madre Tierra en San Diego, que lucha por una ordenanza municipal de protección de la zona boscosa del municipio, y las iniciativas de reciclaje del Consejo Comunal La Viña y la Universidad de Carabobo. 

Ante la desinformación y la centralización, un equipo integrado por más de 100 investigadores está trabajando en el I Reporte Nacional de Cambio Climático para conocer el estado actual del conocimiento del cambio climático, refiere Alicia Villamizar. El informe permitirá un diagnóstico del estado del conocimiento del país con información sistematizada y verificada. 

“Se necesita evidencias para decir con propiedad que un impacto es atribuible al cambio climático, porque puede deberse a otro problema. Como científicos debemos tener la certeza de que ese impacto que está dando el sistema es atribuible a la situación climática”, argumenta Villamizar.

Como lo ve la especialista, es necesario apoyar la investigación y el desarrollo si el país pretende ocuparse del cambio climático. 




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